En Jamundí, sur del Valle, poco se habla de los secuestrados que aún están en poder de las disidencias de Iván Mordisco. Algunos ya completan hasta 70 días en manos del sangriento frente Jaime Martínez, que ya no da razón de ellos.
Las autoridades, por su parte, parecen solo esperar “gestos humanitarios” de este grupo terrorista para que las víctimas recuperen su libertad. Líderes de la zona cuestionan una supuesta falta de operaciones de las autoridades en la parte rural alta de este municipio, donde, se presume, podrían estar los secuestrados.
En el recuento de quienes viven este flagelo criminal se encuentra el ingeniero Víctor Armando Tovar Muñoz, plagiado el pasado 8 de julio en la vereda La Bertha, corregimiento de Timba. Este hombre es propietario de una arenera en Jamundí. De acuerdo con el reporte oficial del Ejército, el secuestro se registró en su lugar de trabajo, cuando disidentes armados con fusiles se lo llevaron.
La víctima tiene 48 años y fue “obligado a subir a un vehículo que era escoltado por el conductor de una motocicleta”. Dos días después, el 10 de julio, fue secuestrado Jorge Enrique Mazo Paya, ciudadano colomboamericano, sacado de su propiedad en el corregimiento Puente Vélez. Ocho hombres armados con fusiles, vestidos de negro con pasamontañas, lo obligaron a ir con ellos. Desde ese momento no se sabe de su paradero.
Uno de los casos que más provocó repudio en el país fue el secuestro el 30 de julio de Martha Lucía Granada Chaparro, una adulta mayor de 72 años, quien padece múltiples problemas médicos y, pese a la súplica de sus familiares, aún no ha sido liberada.
El secuestro ocurrió en el mismo predio donde creció y vio hacerse adultos a sus hijos, el lugar que le heredaron sus padres y era su bálsamo de tranquilidad para escapar de los agites de la ciudad. En Puente Vélez, zona rural de Jamundí, no solo está su finca, sino parte de su vida. Hoy ese lugar es motivo de angustia para sus familiares.
Aquel viernes, cuando la llamaron para alertar de una posible invasión, Martha ni siquiera contempló que era una trampa para secuestrarla. Conoce cada rincón de ese corregimiento y allí la comunidad, que la vio crecer y envejecer, la quiere y respeta. No había que temer. Pero, en los últimos meses, las cosas en ese rincón de Colombia han cambiado: ya la autoridad no manda, ahora los dueños de todo y de todos son los disidentes del frente Jaime Martínez, que responde a las órdenes del criminal alias Iván Mordisco.
“En el momento de su llegada la estaban esperando más de cinco hombres armados, los cuales la raptaron. Hasta ahora no tenemos información de ella. Esta es la zozobra. Llevamos días sin saber de mi mamá, ella toma una serie de medicamentos, es una señora de edad avanzada y por eso recurro a pedirles a las personas que si tienen alguna información nos la hagan saber”, le contó a SEMANA en su momento Pablo García, hijo de Martha.
El Ejército tiene algunas pistas de a dónde se la llevaron; sin embargo, llegar hasta esa zona es complicado, pues las disidencias de las Farc han hecho del área rural alta de Jamundí un verdadero fortín medieval imposible de vulnerar por tierra. La opción más factible es un despliegue aéreo, pero desde hace un par de meses los militares en esta zona del país no tienen disponibles muchas horas de vuelo a causa del recorte de presupuesto ordenado hace dos años por el Ministerio de Defensa.
Por último, el 9 de agosto fue secuestrado el ingeniero Jhon Frank Vargas Olmos en el barrio Bonanza del municipio de Jamundí. La víctima trabaja en la empresa Kwe‘sx Arroz, ubicada en el territorio indígena de López Adentro, municipio de Caloto, Cauca. A estos se suman los casos de secuestro que no terminaron bien y las disidencias decidieron acabar con la vida de las víctimas, como lo ocurrido con Yander Daniel Madero, quien fue plagiado el 13 de febrero y dos días después hallado muerto en el corregimiento de Ampudia.