Comunidades étnicas de los valles interandinos cerraron la vía Panamericana el pasado lunes 21 de noviembre desde las 5:30 a. m., a la altura del municipio de Guacarí (Valle del Cauca).
“Decidimos dentro de nuestra cosmovisión realizar una actividad pacífica, y exigimos la presencia del Gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y sus ministros, para iniciar una mesa de diálogo en un legítimo derecho de reivindicar nuestros derechos étnicos y nuestra identidad étnica cultural. De esta manera, buscar soluciones de fondo a las problemáticas locales, departamentales y nacional, y que hoy deben ser recogidas y solucionadas de formas perentorias”, indicaron las autoridades étnicas de los valles interandinos.
Después de esta solicitud, manifestaron que los días 22 y 23 de noviembre, durante más de 30 horas de conversaciones con el Ministerio del Interior, la dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombiana Raizales y Palenqueras, Dirección de Consulta Previa, Empresa de Energía de Bogotá, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Agencia Nacional de Tierras, Secretaría de Educación departamental, Secretaría de Convivencia departamental, Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Personería Municipal de Guacarí y el Alcalde Municipal de Guacarí, se llegaron a unos acuerdos y mesas de trabajo a realizarse durante los próximos días.
“Sin embargo, entidades como la Dirección de asuntos indígenas, Rom y Minorías, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no se hicieron presente. Y con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no se pudo llegar a ningún acuerdo. Por lo tanto, instamos al presidente Gustavo Petro Urrego, que en aras de concluir los acuerdos, estas entidades se hagan presente el día de hoy 24 de noviembre”, manifestaron las autoridades étnicas.
Dentro del pliego de peticiones exigen el inicio del proceso de consulta previa con la empresa de energía de Bogotá; resolver de fondo las garantías de seguridad de líderes de las comunidades negras, también los procesos de indemnización de las víctimas con el decreto 4635 en atención a las comunidades negras e iniciar de inmediato el banco de proyectos para esta población.
“Exigimos la compra de tierras para reconocimiento de territorio colectivo para los consejos comunitarios, por parte de la agencia nacional de tierras; la apertura de las regalías para comunidades negras; ampliación del fondo especial Icetex de las comunidades negras”, reclaman.
Las autoridades étnicas también piden inclusión y participación de organizaciones y consejos comunitarios en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de las familias étnicas. Igualmente, el registro de organizaciones y consejos comunitarios, en los tiempos estipulados por la norma.
Otras de las peticiones que tienen es la entrega del estatuto aprobado de etnoeducadores, inclusión en el banco de proyectos de prosperidad social, revisión de los desplazamientos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) a las comunidades rivereñas, condiciones dignas laborales para el gremio de mecateros.
“Pedimos la comisión especial de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República ante las irregularidades y atropellos cometidos por los secretarios de despacho de los gobiernos locales y departamental. También revisión en la desaparición de los recursos para comunidades negras en las administraciones locales”, indican.
Señalan que exigen el reconocimiento del proyecto de viviendas para las víctimas y demás derechos que se vienen vulnerando.
Este no ha sido el único bloqueo reportado en vías del Valle del Cauca. El más reciente se presenta este jueves desde las 5:30 a. m. en la vía que comunica a Cali con el municipio de Candelaria. Con pancartas, pitos y arengas, un grupo de ciudadanos residentes del barrio Ciudad del Campo, bloquearon la carretera a la altura del puente de Juanchito para hacer una serie de exigencias.
El cierre había sido anunciado por los propios manifestantes a inicios de esta semana alegando la ausencia de condiciones óptimas para transitar la vía de ingreso al sector de Ciudad del Campo.
Los protestantes indicaron que el cierre continuará hasta que el gobierno local, departamental y nacional hagan presencia en el sector.