Las alarmas se encendieron en el Valle del Cauca por el supuesto secuestro de una joven de 19 años en el municipio de Tuluá. Tras varias horas de investigación, se descubrió que ella misma era la protagonista del delito y pidió un alta suma de dinero por su liberación.
Los presuntos captores se comunicaron con los familiares de la falsa víctima para informarles que estaba privada de la libertad, enviaron videos de supervivencia con el fin de asegurar la versión y exigieron seis millones de pesos para no asesinarla.
En la pantalla se le vio con las manos amarradas, una venda sobre sus ojos y aparentes heridas en varias partes de su cuerpo causadas con un arma cortopunzante. Ante estas pruebas, los allegados tomaron la decisión de denunciar ante la Policía Nacional.
El Gaula asumió las investigaciones y sugirió pagar la mitad extorsión por medio de un giro simulado. Una vez los delincuentes llegaron a retirar los tres millones de pesos en una sucursal del corregimiento de La Marina, fueron atrapados por los uniformados.
Se llevaron la sorpresa cuando la joven retenida se acercó a pedir la plata en compañía de un hombre. La tesis es que “se trata de un autosecuestro” y ambos deberán responder ante la justicia por ello. Así lo indicó la institución por medio de un comunicado de prensa:
“Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, los cuales, mediante audiencias de legalización e imputación de cargos, un juez le dicta medida de privativa de la libertad a la sindicada en centro carcelario y medida de libertad al hombre”, indicó.
Mientras tanto, otro grupo del Gaula trata de encontrar a más de cinco personas que sí fueron raptadas por organizaciones delincuenciales en otros puntos de Colombia. Sus familias claman por la libertad y exigen pruebas de supervivencia a los criminales.
Según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, en lo que va corrido de este año, cerca de 287 ciudadanos han sido secuestrados en todo el país. En su mayoría, han sido con fines extorsivos.
Este escenario no es nuevo. Hace casi tres años se presentó un brutal asesinato en el municipio de Palestina (Caldas). En el baúl de un carro fue encontrado el cuerpo de Jairo Arley Carvajal, amarrado, torturado, desmembrado de sus extremidades y quemado vivo dentro del vehículo; por su liberación pedían 80 millones de pesos en efectivo. Lo más grave del hecho es que fue cometido por policías, justamente de la fuerza encargada de evitar los secuestros, el Gaula, y ahora acaban de ser condenados a más de 50 años por este crimen.
Un juez penal especializado de Manizales impuso 50 años de prisión a la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y al mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente. Asimismo, sentenció a 49 años de prisión al ex subintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula, en Risaralda.
El fallo los declaró responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Además, les impuso multas que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, y deberán cumplir las penas en establecimiento carcelario.
El crimen es espeluznante y, lo peor, fue cometido por hombres de la Policía del Gaula, justamente la unidad creada para enfrentar el delito del secuestro y quienes, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, terminaron siendo los autores del plagio, la tortura y el homicidio de Carvajal.