La Fiscalía General de la Nación indicó que dos hombres y una mujer fueron enviados a la cárcel por un juez penal del corregimiento de Catambuco, en el departamento de Nariño, al acoger la solicitud de un fiscal especializado, quien les imputó cargos por delitos de extorsión agravada en grado de tentativa en concurso con hurto calificado y agravado.
Los señalados fueron identificados como Jesús Alirio Jojoa Cabrera, Juan Carlos Erazo Riobamba y Lenín Mercedes Morán Cerón, quienes son procesados penalmente por hechos ocurridos el 18 de enero de 2022 en la vereda Chávez.
La denuncia fue realizada por una mujer, quien reveló que fue abordada por estos sujetos como si se tratara de una película.
La víctima manifestó a la Fiscalía que se encontraba en su casa, cuando dos parejas llegaron al inmueble identificándose como integrantes de la Sijin de Policía de Ipiales. Una de las mujeres aseguró que era la propietaria de un vehículo que fue hurtado en ese municipio y se encontraba en esa vivienda.
“Los hombres realizaron filmaciones dentro del inmueble y le aseguraron a la víctima que ella hacía parte de una organización delincuencial dedicada al hurto de vehículos y para no capturarla debía entregarles $10.000.000 por los daños y prejuicios y el excedente eran $25.000.000 que debía pagar en una semana”, agregó la autoridad competente.
En el inmueble, la mujer tenía parqueada una camioneta y los asegurados le solicitaron entregarla a una de las falsas uniformadas, mientras consignaba los 25 millones de pesos.
El 19 de enero de 2022, la víctima empezó a recibir llamadas a su teléfono celular y mensajes de WhastApp, en las que los falsos uniformados exigían el pago millonario. Las llamadas extorsivas fueron grabadas por ella.
Una vez instaurada la denuncia ante el Gaula, el 26 de enero de 2022, investigadores del Gaula coordinaron la entrega simulada de $6.000.000 en inmediaciones del hospital de Catambuco. Sin embargo, los extorsionistas fueron alertados que se trataba de un operativo de captura y lograron escapar.
Desde esa fecha, los extorsionistas no volvieron a comunicarse con la víctima.
Sin embargo, la Fiscalía continuó la investigación y logró individualizar a tres integrantes de la banda criminal, quienes fueron capturados por agentes del Gaula Policía, el 27 de febrero de 2023 en varios sectores de Pasto.
La Fiscalía les imputó cargos como presuntos coautores de los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa en concurso con hurto calificado y agravado.
Extorsión en Cali
El concejal de Cali, Fernando Tamayo, realizó una grave denuncia que involucra la supuesta participación de bandas de venezolanos que estarían controlando las rutas de transporte pirata en Cali, así como extorsionar a conductores dedicados a esta práctica en vías concurridas como la avenida Pasoancho.
De acuerdo con el cabildante, se trata de “controles territoriales” por grupos ilegales, de bandas organizadas de venezolanos que montaron una especie de servicio exclusivo donde no permiten que rutas como las de la avenida Pasoancho y la Ciudad de Cali tengan competencia de vehículos que no cuenta con su “permiso” para trabajar.
“Me llegó a mi curul una denuncia de la situación. Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas del recorrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta, le iban a destruir el carro a bala”, sostuvo el cabildante en plenaria.
Agregó que en el oriente, sobre la avenida Ciudad de Cali, la situación es similar. “Hay bandas organizadas detrás del transporte pirata, medio que les sirve para mantener el control territorial de este y otros negocios al margen de la ley. Y en Siloé hay venezolanos propietarios de 30 motos o más y han ido desplazando a los que por años han trabajado allí”, enfatizó Tamayo, quien agregó que no está defendiendo la ilegalidad en el transporte.
“Los controles los deben cobijar a todos, pero es sumamente preocupante que detrás de este negocio no solo haya una necesidad de suplir el empleo de gente que no logra ubicarse en el mercado laboral, sino que sea usado para el control del territorio de bandas organizadas”, complementó.
Tamayo solicitó que se pida apoyo del escuadrón de Policía de Tránsito dedicado a combatir la piratería en el transporte público de pasajeros.
“Esto, hace rato pasó de ser un tema de movilidad a un tema de seguridad. En agosto del año pasado denuncié que en Cali había presencia de miembros del Tren de Aragua, que para quienes no lo saben, es una banda delictiva de carácter transnacional, presente en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Chile, que ha logrado hacerse fuerte en negocios como el mototaxismo y la piratería en carro, la extorsión, el hurto de celulares, microtráfico y prostitución. Pensar que el control lo puede hacer un grupo civil es ingenuo”, puntualizó.