Un hecho repudiable tuvo lugar en el barrio Poblado Campestre, ubicado en la vía Cali-Candelaria, en el Valle del Cauca, donde una niña de 3 años estaba siendo sometida a tortura, presuntamente, por su propia madre y dos sujetos más, quienes a cambio de no hacerle daño, estarían realizando exigencias económicas a la abuela de la menor.
De acuerdo con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, William Quintero Salazar, la menor fue rescatada en las últimas horas, gracias a un operativo adelantado por la Policía de la capital del Valle, Sijin y Policía de Infancia y Adolescencia.
“En la investigación se logró establecer que tres sujetos venían realizando una exigencia económica a la abuela de la menor, a quien le enviaban unos videos intimidatorios, le mostraban como la torturaban. Este es un hecho lamentable que también dio cuenta que era la misma madre de la niña quien se prestaba para estos actos”, señaló Quintero.
La abuela además de las grabaciones, también recibía audios por medio de WhatsApp, manifestándole que la niña se encontraba en peligro.
Según el uniformado, al parecer, la madre grababa cuando uno de los hombres intimidaba a la menor de edad con un arma de fuego.
Como hecho particular, el otro sujeto involucrado, quien habría planeado el secuestro, fue compañero sentimental de la abuela de la niña. “Esta persona venía haciendo las exigencias económicas. Gracias al trabajo investigativo de la Policía Judicial, se logró capturar a la mamá de la menor y en este momento se encuentra privada de la libertad por el delito de extorsión y tortura agravada; ya se encuentra en un centro penitenciario y carcelario, se le dictó medida de aseguramiento por la autoridad competente”, detalló el subcomandante.
Las autoridades indicaron que la investigación continua, ya que el propósito es dar con la captura de los demás responsables, “y todos los que hayan participado en estos hechos que obviamente dejan entrever que estos sujetos no tienen escrúpulos, en este caso, participar de una situación tan delicada contra una menor de edad, y en este caso una niña de tres años”, agregó Quintero Salazar.
Otro detalle que proporcionó la Policía sobre este caso, es que inicialmente le estaban pidiendo a la abuela de la niña, la entrega de un vehículo y unas propiedades.
“Esto deja ver que es un tema de personas que conocían todo el movimiento económico y financiero de la abuela”, señaló el uniformado.
Sobre el estado de salud de la menor, las autoridades indicaron que se encuentra bien, sus derechos le fueron restablecidos y se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), “con todo el personal de psicología, verificando que a la niña se le restablezcan los derechos como tiene que ser”.
“Se invita a la comunidad a trabajar de manera articulada con las autoridades, en pro de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, denunciando cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165 y vinculándose a la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio”, concluyeron las autoridades.
Millonaria extorsión en Medellín
Pocas fueron las personas que se salvaron de caer en las garras de la extorsión del grupo que comandó alias Pipe en el centro de la capital de Antioquia. Al menos 500 denuncias darían cuenta de la red delincuencial que aterrorizó y desocupó los bolsillos del sector.
Los supuestos criminales se paseaban como cualquier turista por las calles de la Plaza Botero, Parque Berrío, La Veracruz y San Benito, recogiendo dinero en cada local que se encontraran abierto. La vacuna les aseguraba un ambiente tranquilo a los comerciantes.
No solo sometían a los propietarios de tiendas, almacenes y restaurantes. En la lista de víctimas también están las trabajadoras sexuales. Además, los ‘dueños de lo ajeno’ fueron obligados a entregar plata con el fin de tener el visto bueno para delinquir en la zona.
Con base en la evidencia recopilada por agentes especiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el cabecilla de la estructura decidía a quién se le cobraba y daba el nombre del ciudadano que podía esquivar las obligaciones. Su palabra, al parecer, era ley.
La recolección de los billetes no era una tarea fácil. Los presuntos delincuentes ejercían violencias e intimidaciones cuando daban indicios de resistencia. Las autoridades judiciales sospechan que once personas estaban detrás de este oscuro negocio.
Ellos habrían alcanzado a recopilar 500 millones de pesos cada mes. Durante el tiempo que estuvieron activos y pudieron despistar a la Fuerza Pública, tal vez pudieron haber disfrutado de seis mil millones de pesos, según la hipótesis central de la investigación.
Los afectados fueron los dueños de varios establecimientos. Así quedó registrado en el expediente: hoteles y residencias (109), almacenes comerciales (91), discotecas, bares y casinos (74), parqueaderos (23), transporte (120) y trabajadoras sexuales (15).