Gremios y empresas azucareras del Valle, Cauca y Nariño hicieron una grave denuncia de una supuesta incursión de encapuchados en la Hacienda Japio, norte del Cauca, quienes habrían intimidado a 67 niños y niñas de la escuela rural mixta Niña María, que se encuentra ubicada dentro del predio.
El hecho se habría presentado el pasado martes 1 de agosto. La intimidación de los encapuchados se registra en un contexto de zozobra en el suroccidente del país por los constantes bloqueos en las vías.
Desde el pasado lunes, en el Cauca, en la vía Panamericana, a la altura de Piendamó, se registran bloqueos por parte de las comunidades indígenas. A ello, se suman en el Valle del Cauca dos bloqueos, el martes, en la vía Cali-Buenaventura y en la vía Buga-Tuluá, y dos bloqueos en el departamento de Nariño, uno en el puente de Rumichaca y otro en el municipio de Ricaurte.
“Condenamos y rechazamos la intimidación que ocasionó la interrupción de la jornada escolar y la evacuación de los estudiantes, al igual que de 5 docentes, personal administrativo y trabajadores de la Hacienda Japio que realizaban sus labores agrícolas a esa hora. También el ataque contra la rectora de la institución educativa, quien fue amenazada con un arma cortopunzante cuando salía del lugar junto a una menor de edad”, indicó Asocaña a través de un comunicado.
La escuela rural mixta Niña María es una institución educativa de iniciativa de la Hacienda Japio, creada en 1965 para atender a los niños y niñas de las zonas rurales de Caloto y Santander de Quilichao. Actualmente, atiende a menores entre los 5 y los 10 años que cursan básica primaria.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas que permitan restablecer los derechos a la educación de los estudiantes de la escuela rural mixta Niña María, así como al trabajo, a la vida y a la propiedad privada en la región. Asimismo, solicitamos acciones urgentes para restablecer la movilidad en la vía Panamericana y hacemos un llamado para que se tomen acciones preventivas, en el marco de una estrategia que permita evitar que este tipo de situaciones se sigan registrando de manera continua en el suroccidente colombiano”, puntualizó Asocaña.
Finalmente, agregaron que los bloqueos constantes de vías afectan los derechos fundamentales de millones de colombianos y tienen un impacto negativo en el desarrollo social y económico de esta región. “Ni los menores de edad, que gozan de especial protección, ni la población civil en general puede seguir siendo víctima de quienes creen que la intimidación y la violencia es la vía para la reivindicación de sus peticiones”.