La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Jamundí ofrecen una millonaria recompensa para ubicar a los responsables de instalar y detonar un carro bomba en el corregimiento de Potrerito en la mañana de este miércoles.
La emergencia dejó diez personas heridas, una de ellas en condiciones críticas de salud, que son atendidas en los centros médicos de la localidad. Cinco residencias y dos automotores quedaron totalmente destruidos.
Las autoridades se fijaron el objetivo de esclarecer el atentado terrorista. Ellos reconocieron que la información que podría tener la comunidad sería valiosa para identificar y judicializar a los sujetos que están detrás de este plan.
Frente a este escenario, “hemos dispuesto una recompensa de $70.000.000, 20 millones que aporta la Alcaldía de Jamundí y 50 millones destinados desde la Gobernación del Valle”, manifestó el mandatario Andrés Felipe Arias en sus redes sociales.
El mensaje también fue compartido por el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca: “Se aumenta la recompensa a 70 millones de pesos por información que conduzca a ubicar a los responsables de la acción criminal en Potrerito”.
Los datos podrán ser suministrados en las siguientes líneas de comunicación: 314 358 72 12, 601 518 92 87 y 018000 91 96 21. También en el correo electrónico fuentes@dipol.gov.co. Las autoridades anticiparon total discreción y cuidado con la fuente.
¿Qué está pasando en el sur del país?
El presidente Gustavo Petro informó que las acciones terroristas protagonizadas por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc son una retaliación por las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares en el Valle del Micay, un extenso cañón donde se produce el 70 % de la hoja de coca en Cauca.
Este sector divide las zonas rurales de los municipios de Tambo y Argelia sobre la cordillera occidental. Según las investigaciones adelantadas por el Ejército Nacional, allí delinque el frente Carlos Patiño, quien convirtió el territorio en “el principal acopio de la cocaína, el principal enclave del narcotráfico y corredor principal para sacar la droga hacia el Pacífico”.
Además de tener el control sobre las economías ilegales, algunas pruebas sostendrían que la guerrilla coaccionaría a la población civil con medidas de presión y prohibiciones para no afectar el negocio. Recientemente, se descubrió que les habrían limitado la libre circulación y habrían sido invitados para que atacaran a los militares que se acercaban al cañón.
Las montañas están minadas de artefactos explosivos y las Fuerzas Militares las están desafiando desde julio de 2023, en una apuesta por arrebatarles el control a las disidencias que comanda Iván Mordisco. Esto ha desencadenado una violenta confrontación entre ambos bandos y los campesinos han quedado en la mitad de las balas.
En lo que va corrido de esta intervención militar, se han destruido más de 60 minas antipersona y descubierto nueve campamentos ubicados en la parte más alta de la montaña para detectar los movimientos de las tropas, “rodeados por cientos de hectáreas de droga, principal fuente de financiamiento de las disidencias para cometer acciones ilegales”.
Al parecer, tras esta presión, el Estado Mayor Central estaría respondiendo de manera violenta. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, luego de que se conociera la detonación de un carro bomba en la zona rural de Buenos Aires, en las inmediaciones de la estación de la Policía, y el hostigamiento al Ejército en Suárez.