La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió proceso responsabilidad fiscal por $34.236 millones contra la firma Contratista, Interventores y dos gerentes de las Empresas Municipales de Cali - Emcali.
Este proceso de responsabilidad fiscal se abre por las obras inconclusas, incumplimiento del plan de amortización del anticipo, doble facturación, inobservancia de las cargas contaminantes al Río Cauca y graves deficiencias en la ejecución del contrato de Interventoría, con ocasión del desarrollo del contrato No. 300-GGA-CO-1250-2017, suscrito por las Empresas Municipales de Cali, cuyo objeto era la optimización de la infraestructura existente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR de Cañaveralejo).
Para la apertura de esta Acción Fiscal, la Contraloría estableció la existencia de un daño patrimonial en las arcas de EMCALI e indicios serios sobre los posibles responsables fiscales del mismo, puesto que se giraron al contratista recursos a título de anticipo por $11.560.302.634, los cuales no fueron amortizados según el plan diseñado para ello, y se le entregaron para la ejecución del contrato $16.554.992.826 adicionales, sin que las obras entregadas prestaran la funcionalidad para las que fueron contratadas. Así mismo, el contratista presentó doble facturación a Emcali por la suma de $601.446.630.
Como consecuencia de la no optimización de la PTAR de Cañaveralejo, Emcali excedió las cargas contaminantes en el río Cauca, por lo que se vio obligada a cancelar a las autoridades ambientales, a título de sanción, la suma de $ 4.447.148.488 pesos, dineros que hubieran podido destinarse para otras necesidades de los caleños.
La inadecuada supervisión, control y vigilancia por la firma Interventora, conllevó un daño patrimonial al estado en cuantía de $1.067.591.534, por concepto de los pagos efectuados a la misma, sin que cumpliera las obligaciones de su resorte.
Finalmente, este organismo de control advirtió en el Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal que Emcali deberá pagar por incumplimiento de metas ambientales con ocasión de no entrar en operación la optimización de la PTAR de Cañaveralejo, para los años 2021, 2022 y 2023, hasta la suma de $ 118.332.161.946 de pesos, valor que incluso excede el monto total de la obra inicialmente contratada.
Los otros escándalos
El escándalo de las Empresas Públicas de Cali (Emcali) por cuenta de un contrato celebrado con la Unión Temporal AMI, que contiene elevados sobrecostos como televisores de 55 pulgadas a 43 millones de pesos, así como sillas ergonómicas de 17 millones de pesos y escritorios comunes por hasta 40 millones de pesos, es apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades en el interior de esa compañía. SEMANA revisó otros documentos que demuestran que lo acontecido en este caso no es un hecho aislado sino una práctica sistemática.
El contrato que aceleró la renuncia del gerente Juan Diego Flórez fue firmado en junio del 2022 por un valor cercano a los 215.000 millones de pesos para suministrar medidores incluyentes, que le permiten a la empresa tener un control remoto del consumo, la conexión y el suministro, así como la medición inteligente de la energía a través de la creación de un centro de control.
Sin embargo, SEMANA pudo establecer que dicho contrato no era necesario, pues Emcali cuenta con el personal técnico y tecnológico para llevar a cabo estas actividades. Además, la empresa tiene tres centros de control: uno para energía, otro para acueducto y el tercero para comunicaciones. Es decir, el millonario convenio con la Unión Temporal AMI era prácticamente un acuerdo para regalar plata.
¿Cómo se explica que una empresa cuente con todos los requerimientos para realizar tareas específicas pero decida tercerizar aquella contratación y girar recursos millonarios para tal fin? Otra de las perlas encontradas por SEMANA es que Deltec, una de las dos firmas que hacen parte de la Unión Temporal AMI, ha suscrito más de 39 contratos con Emcali en los últimos cuatro años. En muchos de los procesos, como este, era el único oferente.