En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó su decisión contra el exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz, a quien le redujo su sanción de diez a cuatro meses por el incumplimiento de sus deberes durante el Paro Nacional de 2021, lo que produjo diversas afectaciones en la ciudad.

“Al igual que la Regional de Instrucción del Valle en la primera instancia, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que Rojas Cruz omitió las órdenes que de manera clara le había impartido el alcalde distrital sobre el acercamiento con los líderes de las manifestaciones tendientes a mitigar futuras intervenciones violentas; sin embargo, le concedió la razón en lo ateniente a la supuesta omisión en labores de inteligencia, al tratarse de un deber que por disposición legal y constitucional le corresponde a las Fuerzas Militares”, indicó la Procuraduría.

De igual manera, la entidad ratificó lo expuesto por la Regional sobre el rol del exsecretario, quien “únicamente se dedicó a asistir y convocar al puesto de mando unificado presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos vandálicos que se agravaban diariamente”.

El ente de control ajustó la sanción de diez a cuatro meses al no encontrar probada la relación entre la conducta omisiva reprochada a Rojas Cruz y el grave daño social ocurrido como consecuencia de lo acontecido en el marco de las jornadas de manifestación social, y no evidenciarse, que como resultado de su actuación, se haya generado desabastecimiento de alimentos, limitaciones en la movilidad o pérdida de bienes públicos.

La falta cometida por el exfuncionario fue calificada de forma definitiva como grave a título de culpa grave.

Cabe recordar que durante las protestas del Paro Nacional que se registraron en 2021, sin lugar a dudas, Cali fue una de las ciudades más afectadas por los actos de vandalismo, enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, los bloqueos, saqueos a establecimientos comerciales, entre muchos otros eventos.

Seguirán nombrando gestores de paz a miembros de la primera línea

Este domingo se llevó a cabo una audiencia pública nacional en el sector de Puerto Rellena, en Cali (Valle del Cauca). Allí llegó el ministro del Interior, Alfonso Prada, para referirse a la sonada liberación de los integrantes de la primera línea, quienes, además, serán nombrados gestores de paz.

Durante su intervención, el funcionario expresó su deseo de que los capturados de la primera línea sean liberados y pasen las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.

“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia”, manifestó el ministro.

A su vez, el funcionario anticipó que seguirán nombrando gestores de paz a miembros de este grupo, siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro.

“No vengo a conquistar un aplauso, no vengo a conquistar una sonrisa. Vengo a dialogar con ciudadanos colombianos sobre el momento tan crítico que estamos viviendo en relación al asunto que nos convoca el día de hoy. El presidente, el Gobierno entero, respeta como sagrado el derecho a la protesta, como parte de la libertad de expresión del ser humano, que no hace nada diferente a ser un reconocimiento de dignidad humana (...). La libertad, en esencia, es dignidad, y el derecho a la protesta es el ejercicio de la libertad y, por ende, la dignidad”, dijo Prada.

No obstante, precisó que bajo ninguna circunstancia apoyan la violencia en la protesta: “No puede ser que, en el ejercicio de la libertad y la dignidad, agredamos a alguien o nos agredan (...). Por eso, quien agrede a otro en mitad de la protesta, se produce un hecho que se investiga, eso tiene un camino jurídico”.

El ministro del Interior enfatizó que con la liberación de los miembros de la primera línea no se está violentando la competencia de los jueces. “Mantenemos inquebrantable la separación de podres y el respeto a su decisión. Por esa razón, quienes tengan el beneficio de la libertad quedan sometidos al proceso judicial y a la sentencia porque es el juez que determina”, anotó.