En serios problemas se encuentra la alcaldesa de Andalucía (Valle del Cauca), Ellicel Arcila Posso, por su presunta responsabilidad en la contratación irregular de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el covid-19, con lo que habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría, la Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que para adelantar el proceso, que incluyó las redes de distribución del líquido en el sector Peñón Alto por más de $300 millones, se invocó la calamidad pública, con lo que al parecer se desconoció el estatuto contractual, al ser una obra que no contemplaba acciones que permitieran prevenir el contagio o los efectos del coronavirus”.
Según la entidad, Arcila Posso pudo infringir los principios de responsabilidad y moralidad al no evidenciar un proceso de planeación estructurado para la escogencia del contratista.
La entidad señaló que provisionalmente calificó la presunta falta cometida por la alcaldesa como gravísima a título de culpa gravísima.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación dieron a conocer que 10 alcaldes tienen órdenes de captura en su contra por posibles irregularidades en contratos destinados a atender la emergencia del coronavirus.
Los alcaldes involucrados en los supuestos actos de corrupción durante el periodo de calamidad pública por covid-19 son:
- Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
- Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
- Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
- Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
- Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
- San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
- San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
- Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
- Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
- Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
Estos funcionarios fueron juzgados por múltiples delitos en el año 2020, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados.
La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Otros alcaldes que son indiciados y deberán rendir indagatoria por irregularidades son los de: Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo; Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa y Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez. 10 funcionarios más de estos municipios también serán indagados.
Además, se hicieron 23 imputaciones y se solicitaron medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, ellos son: “La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores, de los departamentos de San Andrés Islas, Arauca y Guaviare”, anunció el Fiscal General, Francisco Barbosa.
La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores.
- San Andrés Islas, Everth Hawkins.
- Arauca, José Facundo Castillo.
- Guaviare, Heydeer Palacio.
También existen indagaciones contra 14 gobernadores, ellos son: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente). En los próximos días se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción.