En serios problemas se encuentra la alcaldesa de Ansermanuevo (Valle del Cauca), Lina María Barco Rodríguez, supuestamente por haber vulnerado el principio de moralidad.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Barco Rodríguez, por presuntamente omitir en la vigencia 2022 la suscripción del convenio interadministrativo que permitiera destinar recursos para atender a personas sindicadas con detención preventiva o que han sido condenadas.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría, la Provincial de Instrucción de Cartago adujo que, al parecer, la mandataria local pasó por alto su obligación de establecer un acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), teniendo en cuenta que el municipio carece de centro carcelario.
El Ministerio Público indicó que posiblemente Barco Rodríguez no tuvo en cuenta la necesidad de aunar esfuerzos humanos, administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos entre el ente territorial y las entidades mencionadas, por lo que pudo incurrir en el incumplimiento de su deber funcional de conservar el orden público.
La entidad sostuvo que la alcaldesa supuestamente vulneró el principio de moralidad, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
De otro lado, la Procuraduría formuló cargos contra la exalcaldesa de Vijes (Valle del Cauca), quien estuvo en el cargo del 2012 al 2015, Blanca Oliva Cardona Hincapié, por la presunta constitución de reservas de apropiación en 2015 por más de 1.000 millones de pesos, para concluir obras que suponían la entrega de bienes y servicios para el año 2016.
La Provincial de Instrucción de Cali sostuvo que como jefe de la administración municipal, la servidora pudo incurrir en un abuso de funciones al expedir un decreto en diciembre para formalizar el pago de compromisos derivados del contrato, que resultaban improcedentes por estipular un plazo de cuatro meses para su ejecución, lo que lo extendía hasta el año siguiente.
Según la entidad, Cardona Hincapié habría incurrido en falta disciplinaria “por emitir el documento sin la autorización correspondiente del Consejo Superior de Política Fiscal ni los órganos competentes para aprobar el proyecto, y en su lugar optar por una figura que resultaba improcedente de acuerdo con lo establecido por la ley”, indicó la Procuraduría.
Provisionalmente, se calificó la presunta conducta de la exfuncionaria como falta grave a título de culpa gravísima.
Asimismo, la Procuraduría formuló cargos contra la alcaldesa de Andalucía (Valle del Cauca), Ellicel Arcila Posso, por su presunta responsabilidad en la contratación irregular de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el covid-19, con lo que habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría, la Provincial de Instrucción de Buga sostuvo que para adelantar el proceso, que incluyó las redes de distribución del líquido en el sector Peñón Alto por más de $300 millones, se invocó la calamidad pública, con lo que al parecer se desconoció el estatuto contractual, al ser una obra que no contemplaba acciones que permitieran prevenir el contagio o los efectos del coronavirus”.
Según la entidad, Arcila Posso pudo infringir los principios de responsabilidad y moralidad al no evidenciar un proceso de planeación estructurado para la escogencia del contratista.
La entidad señaló que provisionalmente calificó la presunta falta cometida por la alcaldesa como gravísima a título de culpa gravísima.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación dieron a conocer en 2020, que 10 alcaldes tenían en ese momento órdenes de captura en su contra por posibles irregularidades en contratos destinados a atender la emergencia del coronavirus.