La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al contralor municipal de Yumbo, Valle del Cauca, Fernando Navarro Rodríguez, por presuntamente retirar de manera unilateral una observación con posible incidencia penal y disciplinaria durante una auditoría que se le adelantó al Instituto Municipal de Cultura.
La Entidad señaló que el funcionario habría vulnerado su obligación de aplicar lo estipulado en la Guía de Auditoría Territorial para este tipo de procesos, y que en cumplimiento de su rol como máxima instancia y jefe inmediato del equipo encargado de la tarea debió designar un experto técnico con capacidad de dirimir cualquier tipo de controversia conforme a la ley.
“Durante el procedimiento en el que se revisaron aspectos financieros y la gestión del Instituto de Cultura hubo alguna discrepancia entre el equipo auditor y el Comité de Calidad que dieron origen a una observación de tipo penal en un par de contratos, frente a la que, al parecer, Navarro Rodríguez pudo incurrir con su omisión en falta disciplinaria”, señaló la Procuraduría.
Provisionalmente, el órgano de control calificó la falta cometida por el contralor municipal como grave a título de culpa gravísima.
De otro lado, la Procuraduría también puso la lupa sobre un millonario contrato que se ejecutó en el departamento de Antioquia y que estaría minado de dudas por presuntas irregularidades. En esta oportunidad, la atención se centra en la administración del municipio de Guarne, ubicado en el oriente de la región.
El ente de control disciplinario formuló pliego de cargos contra el exalcalde de esta población, Sneyder Willington Quinceno Marín, quien tuvo las riendas de la gestión entre los años 2016 y 2019. Un mismo proceso fue abierto a la persona que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, Daissy Marcela Llano Pineda.
A los dos exfuncionarios le reprochan el trámite y la ejecución que le dieron al contrato de obra para diseñar y construir el sistema central de espacios públicos de esta localidad. Según la investigación que se ha adelantado, ambos podrían tener responsabilidades en las presuntas inconsistencias que se encontraron.
Al entonces mandatario de Guarne se le cuestionó por no verificar los trámites que estaba adelantando la cartera de Hacienda con el acuerdo de esa edificación, cuya inversión fue de once mil millones de pesos, a razón de que habría comprometido vigencias futuras sin contar con el visto bueno de los integrantes del Concejo.
“En cuanto a la exfuncionaria, el ente de control le reprochó la supuesta certificación irregular de la apropiación de vigencias futuras por $8.215 millones, un monto superior al 70 % del proyecto, para atender los pagos derivados de la bilateral en 2017″, detalló la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, la Procuraduría Provincial de Instrucción del municipio de Rionegro calificó provisionalmente la falta que habría cometido el exalcalde Sneyder Willington Quinceno Marín como grave a título de culpa grave, mientras que la de Daissy Marcela Llano Pineda como gravísima a título de culpa gravísima.
El ente de control disciplinario aclaró que, terminada la etapa de instrucción, el expediente sobre el contrato de obra para diseñar y construir el sistema central de espacios públicos será enviado para el juzgamiento de responsabilidades que habrían tenido a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.
Sin embargo, en medio del procedimiento que se adelanta en la Procuraduría Provincial de Instrucción del municipio de Rionegro, los exfuncionarios de la Alcaldía de Guarne y la defensa podrán presentar descargos, versión libre, aportar o solicitar pruebas, si lo creen pertinente antes de la última palabra del ente de control.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación resolvió formular un pliego de cargos contra Abelardo Antonio Arraut Bustamante, exalcalde del municipio de Nariño, población ubicada en la subregión del oriente antioqueño, quien deberá responder por una serie de presuntas irregularidades que habría cometido en medio de la ejecución de un contrato.
El motivo de estudio es el acuerdo que se gestionó dentro de su administración, comprendida entre los años 2012 y 2015, para ejecutar la construcción de un espacio comunal denominado como el centro de integración ciudadana en el corregimiento de Puerto Venus, en los límites de los departamentos de Caldas y Antioquia.
Al parecer, junto a la entonces secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial de la localidad, Stepfanie Soto Giraldo, se habrían saltado varios procesos trascendentales en la ejecución de la obra. De acuerdo con lo expuesto por el ente de control disciplinario, las decisiones que se tomaron desencadenaron, supuestamente, sobrecostos.