Lo que ocurrió el pasado lunes en Jamundí, sur del Valle, y varios municipios del norte del Cauca, fue una verdadera muestra de poder criminal, horror y barbarie. Mientras disidentes de las Farc detonaron una moto bomba, hostigaron estaciones de policía y perpetraron una toma terrorista y sangrienta en Morales, centenares de niños y profesores quedaron bajo el fuego cruzado y obligados a evacuar bajo las órdenes de criminales armados que llegaron hasta las aulas de clases con el firme propósito de secuestrar a varios menores. En muchos lugares lo lograron.
Todo lo que ocurrió detrás de esos actos de barbarie que escandalizaron a Colombia y dejaron seis muertos es aún más difícil de digerir: terroristas de las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos llegaron hasta las puertas de 11 pequeñas escuelas de la zona rural de Jamundí y cuatro más del Cauca, y les indicaron a los profesores que debían suspender las clases y retirarse de inmediato.
A algunos alumnos les permitieron la salida por la puerta principal, pero a otros simplemente los cercaron con trampas explosivas y disparos. En la institución de Potrerito, zona rural plana de Jamundí, “los niños empezaron a saltarse las barandas del colegio”, cuenta una de las maestras. Tanto alumnos como educadores no podían salir por la única vía, porque había una buseta atravesada, posiblemente cargada con explosivos, así que les tocó deambular por el monte y fincas aledañas hasta encontrar un refugio seguro.
A la zona llegaron padres de familia y organismos de derechos humanos, a quienes les tocó pedir permiso y transitar por vías internas de fincas aledañas para poder sacar a los niños. A esa escuela de Potrerito llegaron dos hombres de la Jaime Martínez armados con fusiles.
Uno de los riesgos, y posibles objetivos de esta estructura era realizar un reclutamiento masivo en medio del estruendo de las balas, aprovechando que la atención estaba puesta en municipios como Morales, donde asesinaron a dos policías e igual número de civiles, quemaron el Banco Agrario, detonaron más de cinco explosivos, impactaron un helicóptero del Ejército y mantuvieron cautivos a todos los pobladores por un espacio de tres horas.
En medio de toda esa confusión mediática, las zonas rurales quedaron desprotegidas. En Villa Colombia, Jamundí, ocho criminales de la Jaime Martínez bien armados hicieron uso del único altoparlante que hay en el corregimiento para ordenarles a los maestros desocupar inmediatamente la escuela; no obstante, cuando iban a abandonar el espacio educativo se escucharon ráfagas de fusil, lo que obligó a los docentes a permanecer escondidos hasta las 11 de la mañana de aquel lunes de terror.
En San Antonio, zona rural alta de Jamundí, la situación fue más tensa. Hasta la escuela llegaron 20 hombres armados para pedir la evacuación de los alumnos. En este sector sí hay serios indicios de un reclutamiento masivo de jóvenes y adolescentes, pero los familiares no se animan a denunciar ante las autoridades, porque ese fue uno de los principales pedidos: “Si se ponen de sapos se los matamos”, les dijeron.
La misma escena ocurrió en los corregimientos de Ampudia, Quinamayó, Villa Paz, Robles y Timba. En total, 140 maestros y centenares de alumnos resultaron afectados por esta escalada violenta que ya no respeta ni territorios pacíficos como los claustros educativos. Frente a este panorama, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (Sutev) adelantó el pasado miércoles una asamblea extraordinaria para analizar la situación de violencia en esa zona del país. A ese encuentro también llegaron miembros de Fecode y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Una de las conclusiones fue la suspensión de las clases presenciales hasta tanto no haya garantías de seguridad y un protocolo establecido para saber qué hacer cuando se repitan hechos como los del lunes 20 de mayo. En su página en Facebook, Sutev compartió la declaración de Diego Morales, presidente de ese sindicato en Jamundí.
“Hoy (miércoles) nos encontramos en una asamblea extraordinaria en el marco de un cese de actividades con los docentes y directivos de instituciones educativas ubicadas en zona rural de Jamundí, tanto en zona alta como en zona baja (...) También nos estamos reuniendo con personal de Fecode, la CUT, Sutev central y derechos humanos para buscar medidas que salvaguarden la vida y la integridad de toda nuestra comunidad debido al conflicto”, dijo el directivo en el video colgado en Facebook.
De igual manera, exigieron a la administración municipal protocolos y un plan de contingencia para que cada vez que ocurran estos hechos, la comunidad educativa sepa qué hacer. “Les hacemos la exigencia a los gobiernos locales, regionales y nacionales que miren a Jamundí, al magisterio y a toda la comunidad educativa para que no sean afectados por el conflicto. También hacemos un llamado a los grupos armados para que reconozcan a la escuela como un territorio de paz”.
Por su parte, María Solandy Carabalí, directiva de Sutev, señaló que: “La mayoría de instituciones de Jamundí se encuentran en la zona rural y han venido siendo afectadas por actos de violencia que hoy en este espacio rechazamos. Invitamos a un cese de violencia. Las escuelas son territorios de paz”.
También en el Cauca…
Mientras ocurría esto en varios corregimientos de Jamundí, en el norte del Cauca el panorama era similar. Los criminales de las Farc se dividieron en dos bloques, según información suministrada por Inteligencia Militar. Un grupo de aproximadamente 30 hombres armados con fusiles, explosivos y lanzagranadas se tomó por tres horas el municipio de Morales, otro conjunto de delincuentes de la Jaime Martínez se tomó las escuelas rurales de Suárez, Timba, Cajibío y Buenos Aires.
Como todo ocurrió hacia las siete de la mañana, horario en que inicia clase la mayoría de escuelas, el plan de las disidencias se desarrolló de la mejor manera. Por el estruendo de los disparos, la fuerza pública no pudo reaccionar, para los padres de los niños fue imposible llegar hasta las instituciones educativas para recoger a sus hijos, así que los menores quedaron aislados y vulnerables.
“Tenemos muchas pruebas de que ese día se llevaron a varios niños. Fue un día nefasto, porque al tiempo que mataban a los policías, impedían el ingreso del Ejército y se paseaban por centros poblados, en esos momentos sacaban a los menores en camionetas de alta gama”, dice uno de los personeros de los municipios mencionados, quien pidió omitir su identidad. “Una denuncia de estas se hace con nombre propio y al otro día es un nombre menos en el registro colombiano, porque te matan”, agrega.
Lo único cierto hasta el momento es que las disidencias de las Farc iniciaron un plan agresivo de expansión para controlar más zonas del país, y en ese propósito necesitan más manos para cargar fusiles y explosivos, y esas manos son las de los niños que están siendo sacados a la fuerza de sus escuelas y de otros entornos que deberían ser seguros para ellos.