Gremios azucareros, pequeños y medianos empresarios y comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, denuncian que el problema de las invasiones en el territorio, por parte de comunidades indígenas, se ha vuelto paisaje para el Gobierno Nacional.
El más reciente asedio tuvo lugar en la tarde del martes, 10 de octubre, en las viviendas de trabajadores de la Hacienda Japio, ubicada en el municipio de Caloto (Cauca), donde presuntos invasores le prendieron fuego a la reserva protegida de bosque seco tropical que comprende mil hectáreas.
“Los gremios y empresas del Cauca y el Valle del Cauca denunciamos que este martes un grupo de invasores atacó a dos familias que se encontraban en sus viviendas e inició un incendio en un bosque que hace parte de la reserva natural de la sociedad civil ubicada en la finca Japio, en el norte del Cauca, como retaliación a una diligencia de desalojo que realizaban las autoridades en este predio”, denunciaron.
De acuerdo con el reporte de los gremios empresariales, en uno de los ataques fue agredida la familia de un trabajador, incluida una menor de edad que presenta una enfermedad de alto riesgo. Mientras que en otro predio, un trabajador fue amordazado, agredido, y a quien además le destruyeron su vivienda, como consecuencia, fue desplazado del lugar de forma indefinida.
De igual modo, los agresores iniciaron un incendio forestal en un intento por evitar el proceso de desalojo que lideró la Alcaldía de Santander de Quilichao, en cumplimiento de una orden judicial para restablecer el derecho a la propiedad privada.
“Desde los gremios y empresas de la región, representados en el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la SAG Cauca, Asocaña y Procaña, condenamos de manera decidida este atentado contra la población civil, que no es el primero que se presenta en la finca Japio, pues en agosto pasado en un intento de invasión fueron agredidos los estudiantes, profesores, personal administrativo y trabajadores de la Escuela Rural Mixta Niña María que se encuentra en este predio”, manifestaron.
Asimismo, rechazaron las constantes afectaciones irreparables al medio ambiente, que se evidencian en la tala y quema de esta reserva forestal, registrada por Parques Naturales Nacionales de Colombia.
“Agradecemos a la justicia, a las autoridades administrativas y policiales que adelantaron las acciones en el marco de la ley para restituir los derechos vulnerados a la vida, el trabajo, la educación, la movilidad y la propiedad privada”, solicitaron.
Agregaron que en el norte del Cauca no se puede seguir permitiendo la violación sistemática del Estado de derecho, “por eso reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para encontrar soluciones urgentes y definitivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales y que nos permitan a todos vivir y trabajar en paz en esta región”.
Cabe recordar que a mitad de este año se registró una situación similar. Al respecto, María Luisa Holguín Camayo, ecóloga y ambientalista del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, indicó que este tipo de actos son “un crimen ambiental”.
“Con profunda tristeza les comunico que el bosque seco tropical de mi municipio, de Caloto, fue incinerado. Hay un crimen ambiental, un crimen ecológico de las especies únicas de flora y fauna silvestre”, lamentó.
Holguín Camayo agregó: “Estamos ante un incendio en áreas protegidas, le pedimos a la nación, a la vicepresidencia, que nos ayude, no nos abandonen; la flora y la fauna silvestre en el norte del Cauca, los necesitan”, clamó.
Mientras que el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desde hace un par de décadas, emprendió una cruzada para lo que ellos llaman “liberación de la madre tierra”. El argumento principal es que todos aquellos predios productivos, donde generalmente se cultiva caña de azúcar, históricamente les pertenecen.