Los integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada se tomaron las calles de Tuluá este sábado para arremeter contra las capturas de sus cabecillas y las duras medidas que les impuso el Inpec: asesinaron a un funcionario público, un guarda de tránsito fue atacado a disparos y quemaron once vehículos.
La retaliación no frenó las operaciones de las autoridades, al contrario, se multiplicaron. La Policía Nacional redobló su presencia en el territorio y el Ejército activó todo su protocolo para acabar con cualquier tipo de amenaza. Entre todas las medidas, llamó la atención la posibilidad de extraditar a la cúpula de ilegales.
El anuncio lo hizo el director de la Policía, general William René Salamanca, quien se trasladó hasta el Valle del Cauca este domingo para liderar un consejo de seguridad. Allí se confirmó que detrás de los actos violentos estarían los fieles de La Inmaculada, buena parte de los cuales serían menores de edad.
Ante la pregunta de posible extradición, el alto mando de la institución respondió: “Nosotros, en la línea de cooperación policial internacional, estamos evaluando eso en la agenda. No descartamos que organismos de otros países también señalen a estos cabecillas como responsables de delitos en otros países”.
La mirada está sobre alias Pipe, el principal líder de la banda que es responsable de extorsionar a empresarios y comerciantes de Tuluá. Recientemente, fue capturado su hermano, alias Nacho, quien tendría injerencia en las millonarias exigencias económicas y cuya detención generó el caos de este fin de semana en Tuluá.
Ante este turbulento escenario, el presidente Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X: “La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”. La fuerza pública se comprometió a estar de manera permanente en el municipio tras la cascada de amenazas.
El pronunciamiento de La Inmaculada
El Ejército Nacional confirmó la veracidad de un comunicado firmado por los integrantes de la banda La Inmaculada, responsables de los hechos de violencia reportados en las últimas horas en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
En un documento de 26 renglones justifican la arremetida que ya deja dos personas fallecidas, ocho vehículos quemados y once ataques. En efecto, las autoridades decretaron toque de queda y militarizaron la región.
En el primer fragmento del archivo se lee: “Darles a conocer que, a partir de hoy, tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno nacional con nuestros líderes, los cuales piden sean escuchados”. Y ofrecieron disculpas por los estragos.
Los delincuentes se quejaron de las decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad que les ha puesto freno a los cabecillas que están privados de la libertad y que estarían violando la ley detrás de las rejas.
“Sólo quieren oprimir a la población carcelaria, como muy bien saben hacer. Ellos creen y piensan que con oprimir a las personas se soluciona todo y ustedes bien lo saben que no es así”, agregaron los integrantes de La Inmaculada.
El mensaje estuvo acompañado de una delicada advertencia: “Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas”, concluyó el texto.