Al menos treinta soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados en los Farallones de Cali, zona rural de la ciudad, en la noche del miércoles 21 de junio. Los uniformados fueron retenidos por un numeroso grupo de personas que impidieron un operativo contra la minería ilegal.
Los soldados llegaron hasta la vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichindé, para incautar seis mulares que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Los mulares estaban a cargo de cuatro personas.
Sin embargo, la operación se salió de control cuando las tropas fueron interceptadas por una multitud que no las habría dejado desarrollar su trabajo.
“Siguiendo los protocolos establecidos, la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional para la realización de los actos urgentes. Es en ese momento, las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes de forma tumultuaria y agresiva, con palos y piedras, impidieron que se llevara a cabo el procedimiento”, asegura un comunicado emitido por el Ejército sobre la situación en la zona rural de Cali.
La institución asegura que en la asonada no solo hubo intimidaciones con objetos contundentes, sino con disparos, por lo que los soldados reaccionaron y abrieron fuego, ocasionando la muerte de por lo menos una persona.
“Al parecer, en este hecho resultó muerta una persona y cuatro más heridas, que son evacuadas de la zona para recibir atención médica, situación que será investigada por las autoridades competentes”, precisó.
Esto desencadenó la furia de las personas que llevaron a cabo la asonada y la emprendieron contra los equipos de campaña y víveres de los soldados. El Ejército reportó que, incluso, intentaron arrebatarle el fusil a uno de ellos y que mantienen en su poder a treinta uniformados, oponiéndose a su salida de la zona.
“Este comando rechaza rotundamente esta situación y procederá a interponer ante las autoridades competentes las denuncias respectivas por asonada y secuestro, entre otras conductas punibles que pudiesen configurarse”, expuso el Ejército.
En ese sentido, la institución castrense dejó claro que “los soldados cumplen con su misión constitucional” y que “las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y a propender por el goce de los derechos de la población civil”.
Por eso, instaron a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, “ya que esto puede constituir delitos, como lo consagra el Código Penal Colombiano”.
Finalmente, sobre los soldados, señalaron que trabajan de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Cali, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades civiles para lograr su liberación.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, confirmó que una comisión de la Alcaldía de Cali se desplazó este jueves a los Farallones “para atender la contingencia que se registró en horas de la madrugada en este lugar”.
“No vamos a permitir que el flagelo de la minería ilegal se apodere de nuestros territorios y seremos contundentes contra estos actos criminales”, advirtió.