El máximo órgano de control fiscal en Cartagena parece no encontrar una cabeza visible. Pese a que el pasado jueves 28 de julio el Concejo de Cartagena otorgó el cargo de contralor encargado a Gustavo Núñez, quien fungía como secretario general del ente de control, este renunció a su cargo. Desde el año 2017 Cartagena ha carecido de un contralor en propiedad, ya que el puesto lo han ocupado en encargo Freddys Quintero, Rafael Castillo Fortich y ahora Gustavo Núñez Viveros.
La elección del nuevo contralor encargado trajo consigo divisiones al interior del Concejo distrital y tras toda la polémica que generó la decisión, a menos de una semana de estar en el cargo, Gustavo Núñez renunció a ser contralor de Cartagena.
El excontralor presentó este martes una carta con motivo de renuncia a la Mesa Directiva del Concejo Distrital, en la cual explicó que la decisión la tomó de forma voluntaria y que la misma es irrevocable.
Asimismo, agradeció por la oportunidad que le dieron, la confianza en sus habilidades y competencias profesionales para dirigir el control fiscal de la ciudad.
La renuncia se hará efectiva a partir del día miércoles 3 de agosto, como lo planteó en la carta y dio a conocer que los motivos son completamente personales. “Renuncio por la tranquilidad y (el) bienestar de mi familia”, afirmó Núñez.
El exfuncionario también dejó en claro que no volverá al cargo en el que se desempeñaba anteriormente (secretario general) u otro puesto en la Contraloría.
Por otro lado, el día de hoy se cerraron las convocatorias para el nuevo contralor de la ciudad. Los interesados llevaron la documentación correspondiente a las oficinas de la Secretaría General del Concejo Distrital de Cartagena. Por ende, la ciudad se encuentra a la espera de la lista que definirá a los finalistas para ocupar el cargo.
Juez ordena medida de aseguramiento contra concejal de Cartagena
Tras una denuncia presentada por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por reconocimiento irregular de pensión contra el concejal de la ciudad, Óscar Marín Villalba, en la tarde del primero de agosto, un juez tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del funcionario.
En medio de la audiencia, el juez imputó los cargos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, por, al parecer, ordenar el pago de una pensión de jubilación y retroactivos a favor de la señora Berta Tarón, en 2014, mientras fungía como director del Fondo de Pensiones de Cartagena.
Esta decisión se da como resultado de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en febrero de este año, por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat en contra del cabildante. El juez accedió a la medida solicitada por la Fiscalía, dada la posible obstrucción a la investigación que podría inducir Marín Villalba desde su posición como concejal del Distrito.
De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el concejal Marín habría expedido, de manera irregular e ilegal, la Resolución 7300 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual se otorga una pensión de jubilación a la señora Berta Tarón, sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos que establece el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito entre las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y sus extrabajadores el 4 de agosto de 1995.
El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de la Resolución 7300 del 24 de octubre de 2014, luego de resolver una demanda presentada en el año 2015 contra dicho acto administrativo expedido por Marín, declarando que el documento que ordenaba la pensión y los retroactivos a favor de la señora Berta Tarón no tenían validez.