El crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el pasado martes, en el exclusivo sector de Barú en Cartagena, no solo fue un hecho desafortunado que desencadenó un impacto mediático en Suramérica, sino que desnudó ante Colombia y el mundo el problema de inseguridad que acarrea esa ciudad desde hace varios meses.
Las cifras no mienten y son contundentes: según información de la Policía, entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2022 asesinaron a 118 personas en la Heroica. Un récord de homicidios si se tiene en cuenta que el año pasado hasta el 31 de julio esa misma medición rondaba los 109 casos. Es decir, en tres meses mataron más ciudadanos que en todo un semestre del periodo anterior.
La muerte del fiscal Pecci, que podría tener tintes trasnacionales, no habría sido casualidad. En Cartagena hay oficinas de sicarios que se encargan de cumplir trabajos hacia propios y extraños. Además, hay una fuerte puja por el control territorial del microtráfico en zonas estratégicas como la Torre del Reloj o sitios aledaños al centro histórico.
Las dos estructuras que atemorizan a Cartagena están identificadas como los Robledos, una banda que, según las autoridades, llegó desde Medellín a finales del año pasado, y un reducto del Clan del Golfo. Esos dos brazos armados urbanos son los causantes, en la mayoría de casos, de los números disparados de homicidios, extorsiones, hurtos y secuestros exprés.
Por todo ese coctel delictivo, y anticipándose a hechos como el ocurrido con el fiscal Pecci, la Embajada de Estados Unidos recomendó en noviembre del año pasado a sus ciudadanos no visitar ciertos puntos de la ciudad más importante para el turismo en Colombia. “Ha habido un aumento de la actividad criminal en toda Cartagena a medida que se han reducido las restricciones de covid-19, y ha habido varios eventos criminales notables en el barrio de Chambacú, área este del Centro Comercial Caribe Plaza y en el sur”, decía el comunicado.
Frente a esto, el alcalde William Dau dijo en su momento: “Un turista no tiene por qué ir a meterse a un barrio tenebroso a las dos de la madrugada; esas son cosas de lógica”. Seis meses después de aquella frase, sus palabras aún le siguen pasando factura, pues la inseguridad de Cartagena no es algo de espacios geográficos, estratos sociales u horarios específicos.
Al fiscal Marcelo Pecci lo mataron en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, en una playa privada y a las nueve de la mañana, frente a centenares de personas. Sus sicarios llegaron en motos acuáticas y lo balearon mientras tomaba el sol.
Pero luego de la advertencia de la Embajada de Estados Unidos que el alcalde ignoró, en Cartagena mataron a 35 personas en enero, uno de los meses más violentos de los últimos ocho años. De estos sucesos, 18 fueron por sicariato; 115, por riñas; uno, por atraco, y otro más, por un presunto linchamiento.
En febrero, la tendencia fue casi similar: 24 homicidios, de los cuales 13 fueron por sicariato, y nueve, en riñas. En marzo subieron, de nuevo, las cifras de asesinatos a 31 casos, 23 de ellos por la modalidad de sicariato.
Y si las cifras no son suficientes, también se podía echar un vistazo a las historias de inseguridad, que cada día son más. Por ejemplo, la presentadora Claudia Bahamón denunció la semana pasada que en pleno centro de Cartagena la intentaron robar, cuando estaba caminando por esa zona en compañía de cuatro personas de su equipo de trabajo.
Comentó que en una estrecha calle fue abordada por un taxi. “En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteó para robarme, me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaba y me caí al piso”, señaló la presentadora.
Su caso no es el único, pero sí uno de los más visibles debido a su amplia audiencia de seguidores. Haciendo un barrido rápido, SEMANA encontró más de diez historias que alimentan la tesis de que la inseguridad en Cartagena está desbordada.
A María Clemencia, vendedora ambulante, le empezaron a cobrar impuestos en enero. Tras varios días de negativa, un par de sicarios llegaron hasta su puesto de venta y asesinaron a su esposo, que llegó ese día para ayudarla a descargar la mercancía.
Belisario Molina, de 45 años, llegó a Cartagena el 4 de mayo. Era un turista más. El viernes 6 de mayo junto con su familia decidieron tomar el servicio de chiva rumbera. Ese mismo día y en ese vehículo lo mataron a disparos. Las autoridades señalaron que la víctima tenía antecedentes judiciales y que, muy probablemente, su crimen fue ordenado desde otra región del país, hipótesis parecida a la planteada en el caso del fiscal Pecci.
Nadie se salva
Los últimos días en Cartagena parecen sacados de un guion de ficción: asesinato de uno de los fiscales antimafia más importantes de Suramérica a plena luz del día y con sicarios llegando en motos acuáticas; matones retienen una chiva rumbera, se suben en ella y asesinan a un hombre; una famosa presentadora es agredida en el centro de la ciudad por ladrones que se movilizaban en taxi. ¿Qué más puede pasar?
Lastimosamente, hay más: hace poco, cuatro concejales denunciaron amenazas de muerte en su contra, y uno de ellos fue alertado, con pruebas en mano, de que el plan para matarlo ya estaba en marcha. “El año pasado aparecí en un panfleto en el que me decían que me iban a matar por mi trabajo de control político. Hoy (miércoles) un concejal nos contó que un amigo suyo escuchó en el centro de la ciudad que ya estaba en marcha un plan para atentar contra uno de nosotros”, le contó a SEMANA el concejal Javier Bejarano.
Dijo que toda esta escalada violenta se habría podido evitar si en noviembre el alcalde Dau hubiera tomado con mayor rigurosidad las advertencias de Estados Unidos. “Si hubiesen tomado las medidas tras las alertas que lanzamos desde el Concejo y las realizadas por la Embajada de Estados Unidos, de pronto, la situación de hoy no estuviera en estos índices tan elevados de violencia”.
Por estos días, y luego del asesinato del fiscal Pecci, Cartagena está blindada por un fuerte dispositivo de seguridad. Sin embargo, la Policía Metropolitana no quiso entregar mayores detalles sobre las estrategias a largo plazo para lograr desescalar el crimen.
SEMANA también intentó contactar al alcalde para conocer su postura frente a los recientes hechos, pero no fue posible. Desde su despacho, señalaron que la encargada de hablar “de estos temas” es la secretaria del Interior, Paola Pianeta, con quien tampoco se pudo establecer comunicación.
Mientras la pelota de responsabilidades pasa de un despacho a otro, Cartagena pierde poco a poco su reputación como una zona segura. La ciudad vitrina de Colombia enfrenta, en términos de seguridad, uno de sus periodos más críticos.