En el pasado mes de septiembre la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina de Apoyo Logístico y de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, anunciaron que se encuentra habilitado el Centro de Detención Transitoria para las personas detenidas preventivamente por la Policía Metropolitana.
En el momento de la apertura, fue anunciado que el lugar tiene capacidad de albergar a 300 reclusos. A día de hoy son 270 capturados los que fueron trasladados a las nuevas instalaciones. Según el Distrito, estas acciones se realizaron para “garantizar espacios con saneamiento e higiene y que cumpla con las características físicas requeridas para el cumplimiento de los fines estatales”.
Luego de la reubicación, en las diferentes estaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena quedaron 370 reclusos, lo cual bajó significativamente el hacinamiento en los centros transitorios.
Por otro lado, quienes se encuentran privados de su libertad en estos sitios, están puestos a disposición de la Fiscalía para definir su futuro judicial. Según la Alcaldía, a corte del mes de abril del 2021, eran 427 personas recluidas en las estaciones de Policía, sin embargo, en octubre del 2022, con el traslado al nuevo centro, son 370 capturados en las estaciones.
Acerca del centro de detención transitoria
En septiembre se dio a conocer la denuncia de un grupo de reclusos, que manifestaron haber sido sometidos a diferentes abusos en una estación de policía de la ciudad. Si bien están realizando las investigaciones para esclarecer los hechos, en medio de las declaraciones se resalta algo puntual y es el hacinamiento que se vivía en el lugar.
El defensor del Pueblo del departamento de Bolívar, José Hilario Bossio, manifiesta que actualmente existe un hacinamiento de más del 200 por ciento. Solo el patio en el que se vivieron los abusos, es un espacio para unas 15 personas, y lo habitaban más de 60.
Ante esta situación, fue habilitado el nuevo Centro de Detención Transitoria para las personas detenidas preventivamente por la Policía Metropolitana.
La entrega de este inmueble estaba programada para antes de finalizar el anterior Gobierno nacional, sin embargo, la apertura se realizó este 21 de septiembre.
El centro de reclusión tiene una capacidad para albergar alrededor de 300 personas detenidas. La adquisición de este predio hace parte de la estrategia para el deshacinamiento de las estaciones de Policía, brindando mejores condiciones de higiene y sanitarias para las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas.
El nuevo Centro de Detención Transitoria, está ubicado en la Urbanización La Candelaria. Cuenta con un área de 222 m² y 666 m², repartidos en tres pisos. El primer piso consta de cuatro celdas con rejas de seguridad, cada una con sus respectivos baños y una oficina con baño.
En el segundo piso hay cuatro celdas con rejas de seguridad, con sus respectivos baños, y una oficina con baño. Por último, el tercer piso, el cual cuenta con un patio amplio de 222 m² parcialmente techado y completamente enrejado con paredes altas de seguridad y su respectivo baño.
La propuesta del Minjusticia para depurar las cárceles en Colombia
En medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarías en la historia reciente del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.
Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.
Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas. “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.
El objetivo de esta propuesta es verificar la situación individual de cada uno de los reclusos y determinar si se les puede conceder o no un beneficio. Esto ante la terrible situación de hacinamiento que se viven en la mayoría de centros caseros del país, en los cuales el número de internos triplica el cupo establecido.