El Ejército Nacional confirmó este domingo el homicidio de un soldado profesional que se enfrentó a supuestos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la zona rural de Bolívar.
La víctima, identificada como Deimer Montilva Bayona, estaba enfilada en el Batallón de Infantería Mecanizada N° 4 de la Fuerza Tarea Conjunta Marte, que le hace contrapeso a los ilegales en el municipio de Montecristo.
En medio de una operación de estabilidad que se llevaba a cabo en esta población, inició un combate de encuentro. A un lado estaban los militares y en el otro, según las investigaciones preliminares, miembros del Clan del Golfo.
La institución lamentó el suceso y advirtió que está acompañando a los allegados del uniformado: “La unidad activó los protocolos internos, desplegando un equipo psicosocial que mantiene comunicación permanente con sus familiares”.
Además, el comando de la Primera División presentará las denuncias penales para que el ataque no quede impune y puedan dar con el paradero de los responsables. Paralelamente, continuará con las operaciones contra las AGC en el sur de Bolívar.
Con base en las estadísticas del Ministerio de Defensa, en lo que va corrido de este año, 33 miembros de la fuerza pública han sido asesinados en Colombia. Los hechos han ocurrido en Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Bogotá, Huila, Meta, Arauca y Bolívar.
ELN y Clan del Golfo tienen a más de 650 familias indígenas en Chocó desplazadas; permanecen sin atención del Estado, advierte Procuraduría
Por otro lado, en un preocupante hallazgo, la Comisión extraordinaria liderada por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, encontró que más de 650 familias indígenas desplazadas en 12 asentamientos en Quibdó, Chocó, no están recibiendo la atención requerida por parte de las entidades estatales, en violación al enfoque diferencial establecido por la ley. Además, se constató que las órdenes de reubicación en sus territorios ancestrales, dictadas en un fallo de tutela, no se están cumpliendo.
Durante visitas a dos asentamientos, Las Palmas y Baudata, en la zona rural de Quibdó, el Ministerio Público evidenció las precarias condiciones en las que estas familias viven, careciendo de garantías fundamentales para sus derechos. De acuerdo con la entidad, se encontraron viviendas improvisadas con techos de plástico, sin paredes y sin acceso a servicios básicos. Además, la falta de vías de acceso dificulta aún más su situación, impidiendo el acceso a servicios de salud y otras necesidades básicas.
Uno de los casos expuestos por los líderes indígenas fue el de un niño que fue mordido por una serpiente y aún no ha recibido atención médica, según informó la Procuraduría. Su supervivencia se ha debido únicamente a la medicina ancestral indígena, ya que la asistencia médica adecuada no ha sido brindada.
El plazo otorgado por el juez que falló una tutela para reubicarlos, a favor de la Procuraduría, vence en noviembre próximo. Ante esta situación, la comisión especial de la Procuraduría está preparando un informe dirigido al togado encargado del caso, solicitando que se requiera a las entidades responsables el cumplimiento inmediato de las órdenes emitidas.
La situación de estas familias indígenas en Chocó refleja la necesidad urgente de una acción coordinada y efectiva por parte del Estado para garantizar el respeto a sus derechos y brindarles las condiciones adecuadas de vida en sus territorios ancestrales.