El alcalde de Cartagena, William Dau, y la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno Álvarez, se encontraban en el ojo del huracán puesto que el excontralor distrital Rafael Castillo Fortich encontró y denunció una supuesta malversación de contratos.

Las investigaciones que realizó la Contraloría correspondían a la supuesta malversación de 1.074 millones de pesos por el pago de gastos de representación a funcionarios por sus labores en la administración; por esta razón, 43 cuentas bancarias de funcionario y exservidores del Distrito fueron embargadas.

Sin embargo, tiempo después, la Contraloría liberó del proceso a 40 de los sindicados, imputando culpa grave al alcalde de Cartagena, a Adelfo Doria y Marta Carvajal, quienes se desempeñaban como directores de Talento Humano del Distrito.

Asimismo, también le requirieron a Dau la suspensión de la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno Álvarez, relacionada con el mismo contrato.

En la mañana de este martes 13 de septiembre, la Alcaldía reveló la decisión tomada por el ente de control que definía si el mandatario sería o no suspendido. En medio del anuncio, el abogado defensor, Iván Acuña, dio a conocer que la Contraloría levantó la medida.

Luego de más de una década en que la ciudad se encontraba bajo el mando de alcaldes encargados, al parecer William Dau será el primero de la larga lista en cumplir los cuatro años del periodo.

“El perro Castillo se inventó todo. Cuando él fue contralor encontró una supuesta malversación de contratos que denunció. Luego de investigaciones se reveló que todo se había ejecutado de la manera correcta”, expresó el mandatario de la ciudad, explicando que él llama así al excontralor “porque es el perro de la calle de la presidenta del concejo”.

Por otro lado, el alcalde instauró nuevamente a Johana Bueno Álvarez al cargo de directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Por su parte, la Contraloría General anuló y archivó la suspensión contra Dau, resolviendo que los funcionarios actuaron en derecho y no cometieron irregularidades en la suscripción y cumplimiento del contrato.

Sobre el caso

La solicitud se hizo tras una denuncia presentada por un ciudadano identificado como Álvaro Ganem Issa, quien manifestó encontrar irregularidades en los contratos que compraron y aplicaron las pruebas rápidas del nuevo coronavirus, al principio de la pandemia. Según el contralor distrital, el contrato habría generado un detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos.

Posteriormente, el ciudadano Ganem Issa desmintió haber realizado tal denuncia. El abogado defensor del mandatario distrital aseguró que no hubo detrimento. Andrés Rojas, abogado del alcalde y del exfuncionario Adelfo Doria, indicó que las medidas cautelares (los embargos) no están llamadas a prosperar, ya que, como se expuso en los descargos del proceso, el daño patrimonial no se encuentra debidamente demostrado por la Contraloría. Por tanto, las medidas cautelares se hacen improcedentes, y por lo mismo, se solicitó el archivo del proceso.

Otros procesos contra Dau

El pasado mes de junio, el concejal de la ciudad, Javier Julio Bejarano, solicitó medidas de protección ante amenazas contra su vida que había recibido en ese momento. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, por medio de un video, manifestó que estas serían falsas.

“Lo dicho por el alcalde Dau Chamat en el video es supremamente peligroso porque, al descalificar las denuncias por las amenazas que ha recibido el actor, aumenta el riesgo al que pueda estar sometida su integridad y la de su familia. Incluso, el alcalde, con las afirmaciones injuriosas y calumniosas en su contra, está insinuando que el actor está incurso en una presunta conducta delictiva denominada falsa denuncia”, manifestó el juez quinto de Pequeñas Causas Laborales, Joaquín Uparela Hernández.

A la fecha, el mandatario no se ha pronunciado acerca de las denuncias puestas por el cabildante, es decir, que al no rectificarse o retractarse, el alcalde William Jorge Dau Chamat deberá cumplir cinco días de prisión, más cinco salarios mínimos, puesto que ha incurrido en un desacato ante la orden del fallo.