En los últimos días, los residentes del asentamiento ilegal denominado ‘Gustavo Petro’, han estado bajo mucha incertidumbre, luego de conocer que este jueves, 28 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena autorizó su desalojo.
El predio, que actualmente pertenece al Ministerio de Minas y Energía, fue habitado por familias desde hace alrededor de tres meses y está ubicado en la zona industrial de Mamonal.
Desde las 9:00 de la mañana, la Alcaldía de Cartagena, la Policía en cabeza del inspector de la Comuna Urbana 11, entre otras instituciones, llegaron hasta el sitio para iniciar el operativo y los diálogos con la comunidad.
“El tiempo transcurrido entre la invasión y la diligencia es el término establecido en la ley para tales efectos, donde se respetaron todas y cada una de las ritualidades procesales pertinentes tanto para los querellados como para los querellantes”, explicó la Alcaldía.
Este operativo es producto de una orden administrativa expedida en virtud de un proceso de doble instancia donde se tomaron todas las garantías procesales y constitucionales.
Por otro lado, durante la diligencia de hoy, el Distrito de Cartagena aseguró que será cuidadoso de garantizar los derechos humanos de las personas de especial protección, “en especial de los menores, quienes muchas veces son instrumentalizados por los invasores”.
En total, la logística del operativo cuenta con más de 600 personas de las cuales más de la mitad son funcionarios civiles que conforman un equipo de apoyo psicosocial interinstitucional.
La Secretaría de Participación, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Comisaría de Familia, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Corvivienda, Alcaldía Local 3, la Guardia Ambiental, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres.
De igual forma, cuenta con acompañamiento del Ministerio Público en pleno, pues tiene delegados de la Procuraduría, Defensoría y Personería Distrital, los cuales brindarán las garantías constitucionales a las partes.
Por el momento, mientras las autoridades se encuentran desmontando los cambuches, la movilidad en el sector de Mamonal presenta afectaciones y se recomienda a la comunidad tomar vías alternas de manera temporal.
Propietarios de lujosos apartamentos pagan poco en el impuesto predial
El candidato a la Alcaldía de Cartagena, William García Tirado, hizo una denuncia que seguramente dará mucho de qué hablar, porque puso en evidencia a propietarios de lujosos apartamentos que no estarían pagando lo adecuado por tener millonarias inversiones en esa ciudad.
Por esa razón, el candidato se atrevió a hablar de un “cartel del predial” y radicó la denuncia en la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de que se determine por qué los dueños de apartamentos de más de mil millones de pesos pagan entre 4.000 y 20.000 pesos de impuesto predial.
Según García Tirado, lo más preocupante de todo lo que está denunciando es que las personas que no tienen para comer en la ciudad deben pagar grandes sumas de dinero por el predial cuando ni siquiera tienen servicios públicos.
En diálogo con SEMANA, el aspirante aseguró que condominios y apartamentos lujosos apenas pagan cerca de 4 mil pesos anuales, mientras que el predial para viviendas de estratos 1, 2, 3 e incluso 4 tienen un incremento considerable cada año.
“De manera premeditada están avaluando terrenos ubicados en sectores privilegiados ubicados cerca al mar, mismos que cuentan con pisos de entretenimiento y piscinas o zonas húmedas por debajo del valor real, al descaro de avalar el pago de 3.700 pesos el año, mientras que los propietarios de viviendas en Mandela, El Pozón y las Gaviotas vieron un incremento inexplicable en el pago catastral”, afirmó García Tirado.
Garcia Tirado puso ejemplos de predios donde hoy construyen grandes proyectos de vivienda, como entregados a través de concesiones, como es el caso de la Sociedad Aeroportuaria SACSA, donde no pagan impuestos y además han invadido espacios públicos ante la mirada complaciente de las autoridades administrativas, de supervisión y vigilancia.