Miembros del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Bolívar, desarrollaron en las últimas horas actividades operativas del plan de Identificación de Automotores, logrando inmovilizar un vehículo que en su interior transportaba de manera ilegal, 945 galones de ACPM.
Según indicaron las autoridades, el combustible, avaluado en una millonaria suma de dinero, no tenía los documentos necesarios para su transporte y podría ir dirigido a la venta ilegal de menudeo.
“Mediante un puesto de control sobre los ejes viales de los municipios de Tiquisio, Río Viejo y Norosí, fue incautado dicho material qué, además de haber sido transportado de manera irresponsable, no contaba con la documentación legal requerida para su traslado”, señalaron desde el departamento de Policía de Bolívar.
El ACPM era transportado en 15 recipientes plásticos de color azul, cada uno con capacidad de 60 galones.
De acuerdo con el informe policial conocido por SEMANA, el cargamento de ACPM estaba avaluado en su totalidad más de 10 millones de pesos.
“El combustible incautado fue dejado a disposición de la Inspección Central de Policía, y al conductor se le impuso un comparendo por el artículo 30 Numeral 4 de la ley 1801 de 2016, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, anotaron las autoridades.
En otro operativo realizado por el mismo departamento policial, gracias a los fuertes controles policiales en el barrio Centro del municipio de Tiquisio, se logró la captura en flagrancia de una persona de 33 años por el delito de Receptación, y la recuperación de una motocicleta marca Honda de color negro, la cual figuraba reportada como hurtada en la Fiscalía 44 local de la ciudad de Montería.
“El capturado y la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional en Bolívar, continuará realizando estos controles en las principales vías del Departamento para garantizar la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”, dijeron desde la institución.
Abusó de una usuaria en Montería
Un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Luis Miguel Arroyo Fernández por el delito de acto sexual violento. Es decir, el acusado tendrá que permanecer en una cárcel mientras continúan los respectivos procedimientos para esclarecer su situación jurídica y penal.
El imputado, de 33 años y quien no aceptó el cargo endilgado por la Fiscalía, presuntamente amenazó a una joven, de 22 años, con un arma cortopunzante para abusarla sexualmente.
El caso se habría registrado el pasado domingo 12 de febrero en Montería, cuando Arroyo Fernández se detuvo a recoger a la víctima, prestando sus servicios de motototaxista, y cuando esta le pidió que la transportara al barrio Torres de Caracolí la habría intimidado y la llevó hacia un lote baldío.
Según el ente acusador, en medio del forcejeo y gracias a los gritos de la mujer, un guarda de seguridad del sector de la Invasión Cannan la escuchó y logró rescatarla, alertando a la comunidad, que detuvo al indiciado, quien fue entregado a la Policía.
En el departamento de Risaralda fue dado por las autoridades un contundente golpe contra quienes vulneran la integridad de niños, niñas y jóvenes en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se produjo la captura de cuatro sujetos en el marco de la operación San Nicolás.
La primera de estas detenciones se dio en la calle 11 con carrera 10, donde los integrantes de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación arrestaron a un hombre por el presunto delito de acceso carnal violento, en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales violentos con menor de 14 años.
De acuerdo con las investigaciones, este individuo y su pareja sentimental, quien es la madre de la niña, laboraban en varias fincas en los municipios de Marsella y Santa Rosa de Cabal, por lo que él aprovechó para abusar de la menor desde el año 2018, cuando contaba apenas con 10 años de edad.