Un condominio ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena se ha convertido en el sueño más tormentoso para las familias que decidieron comprar en el proyecto inspirado en los islotes artificiales construidos de Dubai, que serían construidos para zonas residenciales en esa zona de la ciudad en un proyecto llamado Volare Mare.
Según han denunciado al menos mil familias, desde el año 2015 iniciaron las ventas en el proyecto de vivienda que está ubicado en el corregimiento de Punta Canoa, en la vía al Mar, entre Cartagena en el departamento de Bolívar y Barranquilla en el departamento del Atlántico, pero hasta este año 2023 no han podido obtener sus apartamentos.
Al parecer los retrasos para entrega de apartamentos que ha tomado años, ha sido que la constructora que inicialmente arrancó con el proyecto se fue a la quiebra y posteriormente otra constructora decidió hacerse cargo.
La primera constructora indicó que luego de las compras en 2018 serían entregados los primeros apartamentos habitables, pero con los retrasos ha resultado que actualmente solo está lista la primera etapa en un 52 %, espacio que consta de 576 apartamentos, divididos en 12 bloques, cada bloque con 48 unidades.
Aunque la nueva constructora promete trabajar y entregar los apartamentos al menos 60 personas que habían entregado cuotas iniciales millonarias por los 250 millones de pesos que cuesta el inmueble, han demandado en medio del proceso de espera.
En las redes sociales el proyecto cuenta con un perfil oficial que no es actualizado desde el año 2017 donde aparentes compradores han dejado sus quejas e inconformidades, e incluso algunos piden la intervención de las autoridades competentes.
“Buenas noches. Me parece importante que publique imágenes del avance del proyecto”, “No se porque razón, no muestran avances de las obras, lo último que se ve, es de septiembre de 2018, la entrega de la primera fase, ya la movieron, que es lo último de este proyecto?”, dicen los trinos.
En la misma publicación hay incluso un mensaje de una aparente propietaria de un apartamento que reveló algunos beneficios que le ofrecieron por compensación al tiempo de espera, pero aseguraba no haber obtenido respuesta oportuna.
“Buenas tardes Señores, hace un año estoy esperando respuesta de una comunicación enviada en donde había solicitado la firma de un otro sí, ya que quedaron en colocar los aires acondicionados de mi departamento de la etapa 1 en compensación por toda la demora, pero nadie responde!”, dice el mensaje que tenía fecha de 2021.
La misma mujer aseguró que además de los retrasos, no mostraban desde la constructora los avances que decían tener para ese año. “No hay una, hay 3! 1. Retrasos constantes. 2. No muestran avances de obras. 3. Nadie responde!”, anotó.
¿Edificio será demolido?
El pasado 31 de marzo el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena ordenó, tras varios años de polémica, finalmente la demolición del edificio Aquarela en Cartagena.
El proyecto está ubicado apenas a 200 metros del Castillo de San Felipe y por años, desde 2017, se discutió la legitimidad de su construcción en la zona.
De acuerdo con la sentencia del caso interpuesta por el ministerio, se declaró la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
En la decisión otorgaron un plazo de 3 meses para realizar los estudios que permitan establecer el método más adecuado y seguro para realizar la demolición y se ordenó la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de las órdenes del cual deberá hacer parte la Agencia.
En la otra cara de la moneda se encuentra el equipo jurídico de la edificación, pues Gilma Úsuga, vocera de Aquarela, manifestó que tras la decisión del Juzgado y analizar el escenario, presentaron una apelación al fallo.
En el documento de apelación, destacaron tres puntos: Espacio público, Patrimonio cultural y Licencias de construcción en el marco de la legalidad.
Espacio público
En el recurso de apelación, los abogados de la constructora reiteraron la inexistencia de vulneración y/o amenaza a los derechos colectivos, pues las decisiones adoptadas en el proceso policivo que ordena a la constructora la restitución de 24 m² de superficie (619 m² en vertical) se encuentran falsamente motivadas, por lo que ese fallo se encuentra demandado y en adición, la ocupación de espacio público no fue objeto de debate en este proceso (Acción Popular).
Finalmente, y aunque dicha supuesta ocupación ilegal no es cierta, la constructora no se ha sustraído del cumplimiento de las órdenes policivas.
Patrimonio cultural
En la apelación destacan la omisión de las pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demuestran la ausencia de afectación al valor universal excepcional del bien, y que no fueron tenidas en cuenta en la decisión. Por el contrario, se valoraron pruebas no idóneas para demostrar una supuesta afectación al Castillo San Felipe.