Este jueves, los residentes del barrio Manga, en el norte de Cartagena, se tomaron el puente Román y alzaron su voz de protesta. Líderes comunales de los barrios Bocagrande, Pie de La Popa, Crespo y Marbella, también se dieron cita para participar del plantón. Por más de dos horas le exigieron a la administración distrital, en cabeza de William Dau, implementar acciones concretas y contundentes para contrarrestar la inseguridad y mejorar la infraestructura de la malla vial.

Los manifestantes solicitaron enfáticamente intervenir al menos cinco puentes, cuyas condiciones están en deterioro. Se trata de los puentes Román, Heredia, Jiménez, Las Palmas y Bazurto, que literalmente están en “jaque”. Son infraestructuras antiguas, muchas de ellas utilizadas para el tránsito en la época Republicana, y qué hoy en día no han sido intervenidas para su mantenimiento y conservación.

En medio de la coyuntura, transcendió una publicación del pasado martes, 2 de agosto, en la que el mandatario distrital afirmó que “en Cartagena, desde hace muchos años, no se han hecho estudios serios de qué es lo que hay que hacer para asegurar la continuidad de los puentes que existen”.

Sin embargo, en el 2019, cuando Pedrito Pereira asumía como alcalde encargado de la ciudad, se adjudicó el megaproyecto de la Quinta avenida de Manga por medio de una Asociación Público Privada (APP) de iniciativa privada. Las obras, que buscan diseñar, construir y mejorar el Corredor Portuario de Cartagena, contemplan la intervención de más de 66 kilómetros de vía y doble calzada de dos carriles.

SEMANA conoció que hasta la fecha la APP no presenta ningún tipo de avance porque finalmente Willam Dau no otorgó el aval, al considerar que el proyecto operaría los peajes de la ciudad por 30 años más a través de una nueva concesión. En palabras más sencillas, por medio del dinero obtenido en las casetas, se garantizaría la continuidad de las obras y eso representaría un “golpe” para el bolsillo de los usuarios.

No obstante, SEMANA pudo establecer que, en reiteradas ocasiones, el originador de la Iniciativa privada ha estado presto para concertar diálogos y encontrar otras maneras de financiación. Pero hasta la fecha, al parecer, no ha existido voluntad por parte de la administración distrital.

El puente de las Palmas, por ejemplo, es uno de los que comunica a Manga con el Pie de la popa. En las declaraciones emitidas por Dau, el mandatario aseveró que, “esta infraestructura nadie lo tenía en el radar para hacer uno nuevo. Eso no estaba en ningún banco de proyectos. Eso es porque nunca antes nadie le había parado bolas”. Pero en la APP de iniciativa privada, se prevé la reconstrucción del puente y reemplazarlo en su totalidad por una intersección a desnivel.

Ahora bien, la falta de recursos financieros es otra de las razones que explicó William Dau, justificando las demoras en el accionar. “¿De dónde sacamos el dinero? Esto no estaba en el presupuesto”. En contraposición, la oferta de la APP incluye que toda la inversión estará a cargo del sector privado. Es decir, el Distrito no tendrá que invertir recursos propios.

¿Qué dice la Secretaría de Infraestructura?

Luego de cumplir con todos los requerimientos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, el originador de la Iniciativa Privada se quedó con la adjudicación del proyecto en 2019 porque, en aquel momento, no se presentaron más ofertantes. La firma del contrato se tenía prevista para el 2020, pero no ocurrió. Entonces, ¿por qué si ya existe una adjudicación que cumple con todos los requisitos, la actual administración de Dau no firma el contrato?

En diálogo con SEMANA, Luis Villadiego, Secretario de Infraestructura de Cartagena, aseguró que actualmente están analizando y estudiando las propuestas, entre ellas la APP de iniciativa privada. Paralelamente, también están cotizando los estudios y diseños ante lo que él considera una eventual intervención del distrito.

El funcionario explicó el panorama de la siguiente manera: las obras que contempla el megaproyecto son viables en la medida en que se logre recaudar, a través de los peajes, lo suficiente para garantizar su continuidad, ¿pero qué pasa si no obtiene lo necesario? De acuerdo con Villadiego, en ese escenario intervendría el distrito. “Si a la final, el recaudo no es suficiente para llevar a cabo todas las unidades funcionales, esto implicaría que x o y obra se tenga que hacer de manera externa. Es decir, si eventualmente los puentes Jiménez o las Palmas no hacen parte de los alcances, ya le tocaría al distrito gestionar la intervención”.

De la misma manera, explicó que hay estudios y diseños que necesitan ser actualizados para aterrizarlos a las condiciones actuales, lo que requiere más inversión. En este caso, una fuente consultada por SEMANA indicó que en el caso de las APP no debe existir financiación del distrito. “Dentro de las obligaciones del concesionario está la elaboración de los estudios de detalle para construir, sin generar costos adicionales al Distrito, porque si el originador se comprometió a ejecutar el proyecto por x precio, se debe hacer por ese monto”.