Luego de una acción popular del Ministerio de Cultura, el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena ordenó, tras varios años de polémica, finalmente la demolición del edificio Aquarela, un proyecto de vivienda que se comenzó a construir en un área no permitida de acuerdo con el ministerio y que afectaba la declaración de La Heroica como Patrimonio de la Humanidad.
El proyecto está ubicado apenas a 200 metros del Castillo de San Felipe y por años, desde 2017, se discutió la legitimidad de su construcción en la zona.
De acuerdo con la sentencia del caso interpuesta por el ministerio, se declaró la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
Asimismo, se declararon amenazados los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) estuvo en la búsqueda de un interventor de consultoría especializada que estableciera cómo se empezaría a ejecutar la demolición de la edificación.
Sin embargo, el año pasado, en el mes de julio, fue adjudicado el contrato de interventoría al Consorcio Interventoría Estudios Técnicos Aquarela y el 3 de agosto fueron enviadas instrucciones a la Fiduprevisora para la elaboración de los contratos, es decir, que faltaba poco para que se comenzara la ejecución de ese contrato.
Cuatro meses después de enviadas las instrucciones, con el objetivo de darle cumplimento a la restitución de espacio público ocupado por el edificio Aquarela, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Ministerio de Cultura como entidades que conforman el convenio tripartito, firmaron el acta de inicio para la consultoría que estaría encargada de adelantar la recuperación.
Marcela Cuéllar, encargada del Ministerio de Cultura en este espacio, manifestó su agrado por la firma del acta y ratificó que estas acciones son fundamentales para salvaguardar el patrimonio del país.
“Es muy importante lo que pasó hoy porque podemos mostrar a la Unesco, junto a muchas otras acciones, que en Colombia sí estamos trabajando por la conservación de nuestro patrimonio material e inmaterial”, dijo.
Cabe recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó hace al menos dos meses que: “se trata de ver cómo se tiene que restituir el espacio público, que por orden policiva se debe hacer; la demolición tendrá que ser objeto de esta consultoría. Serán tres meses para revisar cómo se devolverá este espacio público y espero que antes de que se acabe mi mandato haya noticias sobre Aquarela”.
La recuperación del espacio público se ordenó por medio de una sentencia policiva emitida por la Inspectora de Policía Urbana No. 2 de Torices en el año 2018.
Acerca del edificio Aquarela
La construcción en el multifamiliar Aquarela estaba paralizada desde 2017 porque las autoridades colombianas advirtieron en ese momento que podía traerle problemas a Cartagena.
En aquel año, la Unesco visitó Colombia e hizo sus primeras observaciones al edificio de varios pisos.
En ese momento, los expertos de la entidad advirtieron que la construcción del edificio “impactaba” en el valor universal y excepcional de la ciudad.
Pese a que Colombia presentó un informe en 2018 sobre las observaciones que recibió, ese año la situación de Cartagena fue incluida en una de las comisiones del Comité de Patrimonio Mundial que sesiona en Azerbaiyán.
Después de conocidas las advertencias de la Unesco y la preocupación del Gobierno, representantes del proyecto Aquarela señalaron que “se debe precisar que Cartagena mantiene su vigencia como Patrimonio de la Humanidad porque el valor universal excepcional no está en riesgo”.