La polémica por los peajes de Cartagena parece interminable. El pasado 24 de agosto, el Comité Cartagena Sin Peajes convocó una nueva jornada de movilizaciones para exigir a la administración distrital que tome medidas con respecto a la situación actual de los peajes internos de la ciudad.

De acuerdo con el fallo de la Contraloría General de la República de hace más de un mes, se otorgó una responsabilidad fiscal por $ 9.550 millones contra exfuncionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) y exdirectores de la oficina de Valorización de Cartagena por este caso.

Dicho fallo reveló que los funcionarios implicados continuaron cobrando los peajes, incluso por fuera de lo que determinaba el contrato. Ahora bien, esta discusión se avivó el año pasado, cuando se puso a consideración que los peajes internos de la ciudad alcanzaron la Tasa Interna de Retorno y que, por tanto, se debía suspender su cobro.

A raíz de eso, el comité Antipeaje de la ciudad convocó diversas manifestaciones y se llevaron a cabo varias mesas de concertación entre los gremios de transportadores, la Concesión Vial y el Distrito, donde acordaron frenar el cobro de la tarifa de peajes en las casetas de Manga y Ceballos con el fin de garantizar el orden público.

No obstante, para definir lo que sucedería con el contrato, la Concesión Vial presentó una demanda arbitral contra el Distrito. El pasado 25 de agosto se celebró una audiencia donde se instaló el Tribunal de Arbitramento para definir el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes internos de Cartagena, esto luego de que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio se declarara competente para resolver las controversias contractuales entre la Concesión Vial de Cartagena S.A. y el Distrito de Cartagena por el contrato VAL 0868804.

En la diligencia, también se ordenó la práctica de pruebas solicitadas por ambas partes, en las cuales se excluyeron algunos de los testimonios presentados por la Concesión Vial por no cumplir los requisitos de ley.

Tras la instalación, la duración de este arbitraje será de seis meses, como lo establece el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, tiempo en el cual los árbitros deberán emitir una decisión de fondo, es decir, que hasta entonces se tomarán decisiones sobre los peajes de La Heroica (Parqueamérica) y Corralito de Piedra (Abocol).

Por el momento, el Distrito afirma que no puede tomar ninguna decisión con relación a los peajes, toda vez que, como ya se planteó, existe una medida cautelar que le prohíbe pronunciarse o tomar decisiones de fondo, hasta que el Tribunal emita un fallo.

El Comité Cartagena Sin Peajes

Nausícrate Pérez, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados seccional Bolívar, afirma que el paso a seguir es solicitar que “cese toda actividad en el Tribunal de Arbitramento”, para recuperar los más de $350.000 millones cobrados de más por la concesión durante el periodo extraoficial.

Líderes del comité antipeajes también manifestaron su preocupación ante los llamados “retenes vehiculares” y le exigen al alcalde William Dau que tome acciones sobre su continuidad. “Esta ha sido una lucha constante. Le exigimos al alcalde que se pronuncie urgentemente”, aseveró Nelis Alfaro, miembro del comité.

“Llevamos más de cinco años en esta lucha y hoy vemos un poquito de la semilla que se ha regado. Queremos invitar a todos los cartageneros para que se unan a esta jornada porque queremos el desmonte físico de los peajes de Cartagena”, expresó Cesario Buj, otro de los líderes del comité, buscando invitar a la ciudadanía a unirse a la manifestación.

Por el momento, la manifestación organizada por la ciudadanía para pronunciarse con respecto al tema, sigue en pie y está programada para el próximo 5 de septiembre, a partir de las 5:00 de la mañana, desde el peaje de Turbaco, hasta el peaje de Bazurto.