Varios municipios del sur de Bolívar se encuentran en alerta por constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona. La disputa es generada por el control de la serranía de San Lucas, ya que este, por su ubicación geográfica, al parecer funciona como corredor para el tráfico de estupefacientes, cultivos de coca y minería ilegal.
Los enfrentamientos de las últimas horas han afectado a zonas rurales como lo son Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Montecristo y Morales. Las familias que allí residen se encuentran atemorizadas por la situación.
El secretario del Interior de Montecristo, Carlos Trujillo, explicó que las disputas han ocasionado que por lo menos 600 familias fueran desplazadas de sus hogares en el Bolivador, jurisdicción de Morales. En este momento, esa personas se dirigen hacia el sector de la Y en zona rural de Santa Rosa del Sur.
Carlos Trujillo, en conversaciones con Caracol Radio, contó que otras 180 familias se encuentran en la misma situación, pero en el corregimiento Mina Viejito, jurisdicción de Arenal del Sur. Así mismo, las poblaciones se encuentran a la espera de una pronta intervención por parte de las autoridades nacionales.
“Toda la serranía de San Lucas es rica en minería por su extensa vegetación, por eso se requiere más presencia institucional, intervención directa, con inversión social en carreteras y vías para conectar a estos territorios apartados”, añadió Trujillo al medio.
Si bien los enfrentamientos no han sido dirigidos a la población civil, se conoce que en esta zona delinquen grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN.
Bolívar no es el único departamento afectado con estos desplazamiento, la acciones de grupos armados ilegales ha generado el desplazamiento de indígenas de la comunidad kankuama en el Cesar, lo que llevó la Defensoría del Pueblo a pedir a las autoridades que se adopten las medidas necesarias para su protección.
De acuerdo con cifras de la entidad, en ese departamento hay, al menos, 45.403 víctimas de desplazamiento forzado.
Señaló que en 2021 y en lo corrido del 2022 se ha presentado la salida de sus territorios, habitantes de zonas rurales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure, Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.
El organismo indicó que en las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN, el EPL, los Pelusos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo.
Con el propósito de verificar la situación del pueblo indígena kankuamo, debido a los riesgos que sufren ante la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en sus territorios, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, realizó una visita humanitaria al corregimiento Makumake-Rioseco, de Valledupar.
Más de 32.000 nuevos desplazados en Colombia en lo que va del año; Defensoría entregó balance de derechos humanos
Un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entregó este 28 de julio la Defensoría del Pueblo como insumo a las acciones que debe emprender el Estado para atender los requerimientos que en esta materia hacen las comunidades afectadas.
Se trata del boletín semestral en el que la entidad publicó las cifras sobre los casos de desplazamiento forzado y la prestación de los servicios de salud, entre otros.
El titular de ese despacho, Carlos Camargo, señaló que ese informe recoge el trabajo que adelanta el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo que, según dijo, resulta fundamental para el acompañamiento y seguimiento a las políticas públicas.
Igualmente, hizo un llamado a las diferentes entidades para que tomen en cuenta las recomendaciones que se hacen para lograr la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables.