La Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, a los delegados del gobierno departamental, a los registradores municipales y a la Policía, informar sobre las gestiones realizadas para garantizar el orden público, y la prestación del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue interrumpido desde el pasado 2 de octubre por amenazas de toma a sus instalaciones.
“La comunicación enviada por las procuradurías regional Magdalena y provincial Santa Marta, asegura que las labores de la Registraduría en esta ciudad se mantienen interrumpidas, situación que afecta derechos fundamentales como la identidad de los colombianos, fe pública registral, y su participación en el proceso electoral”, precisó el Ministerio Público.
Cabe precisar que la Registraduría Nacional del Estado Civil alertó a las autoridades competentes sobre las presuntas amenazas, intimidaciones y presiones que han recibido los funcionarios del ente gubernamental por parte de simpatizantes al movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.
Resulta que el pasado 29 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recovó la inscripción de la candidatura de Carmen Patricia Caicedo Omar para la Alcaldía de Santa Marta por su parentesco con Carlos Caicedo. Ambos son hermanos y, al parecer, Patricia estaría incurriendo en una inhabilidad con sus aspiraciones políticas.
Pues bien, desde que se conoció la decisión del CNE, militantes del partido Fuerza Ciudadana, en horas de la tarde del pasado lunes, 2 de octubre, sitiaron la sede administrativa de la Registraduría Especial y la Delegación del Magdalena, en compañía del alcalde encargado de Santa Marta, directivos del mismo partido y el candidato a la gobernación por esa misma colectividad Rafael Martínez, exigiendo a los registradores y delegados departamentales el cambio y nueva inscripción de la candidata revocada.
Incluso, a través de las redes sociales circularon varios videos en los que se observaron a decenas de personas a las afueras de la sede gubernamental exigiendo justicia frente a lo sucedido con Patricia Caicedo.
Según la Registraduría, durante la manifestación, a los funcionarios no se les permitió salir de sus oficinas. No obstante, uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia y disiparon la aglomeración.
En atención a lo anterior, la Registraduría decidió suspender la atención al público en todas las sedes de Santa Marta porque, según explicaron, se tiene información de nuevas manifestaciones y tomas a desarrollarse con el fin de presionar la modificación de la inscripción de la candidatura en mención.
“Estas acciones de hecho atentan contra la adecuada organización y dirección del proceso electoral en Santa Marta, por lo que se dirigió una misiva al ministro del Interior, quien preside la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, con el propósito de que convoque una sesión de urgencia donde se tomen decisiones que brinden una solución definitiva a esta circunstancia que representa riesgos de orden público en la ciudad y el departamento”, señaló el órgano independiente.
Agregó: “desde el pasado 29 de septiembre a la fecha, la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena han convocado a Comités de Seguimiento Electoral solo a nuestros funcionarios, no a las demás autoridades que normalmente se convocan, para exigirles que deben aceptar dicho cambio de candidatura, frente a lo cual se le ha reiterado que esta decisión compete única y exclusivamente al CNE”, añadió.
“Denunciamos públicamente y responsabilizamos a las autoridades departamentales, en cabeza del señor gobernador Carlos Caicedo, y autoridades distritales, de cualquier afectación o hecho violento que se dé en contra de nuestros funcionarios y la afectación al calendario electoral, tanto en el departamento como en el distrito”.
La Registraduría finalizó el comunicado lanzando un llamado al ministro del Interior y al ministro de Defensa para continuar con total tranquilidad y plenas garantías el desarrollo del calendario electoral para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.