El pasado martes 14 de febrero, se registró nuevamente un accidente en la zona insular de Cartagena. Esta vez se trata de la lancha ‘Bora Bora II’, la cual venía desde las islas del Rosario.
Al parecer, en la embarcación venían 50 personas que tenían como destino la ciudad de Cartagena, sin embargo, estos terminaron en una zona de mangles del canal del Dique. Los hechos aún son materia de investigación, pero de acuerdo con la Capitanía de Puerto de Cartagena, el conductor de la lancha tomó esta ruta por precaución.
Sin embargo, al aproximarse a la zona del canal del Dique, la embarcación habría tocado el fondo y posteriormente terminado en la ladeada que está compuesta de mangles.
Inmediatamente, embarcaciones que transitaban en el área auxiliaron a los pasajeros, a quienes trasladaron al muelle de la Bodeguita en Cartagena, estando allí, los afectados fueron llevados a recibir asistencia médica.
Por el momento, la Capitanía de Puerto dio a conocer que hay 7 personas con lesiones leves, los demás pasajeros se encuentran fuera de peligro y la lancha arribó al muelle. Igualmente, las autoridades manifestaron que se encuentran investigando las causas del incidente.
Arriendo en islas del Rosario bajo la lupa por la ANT
Luego de adelantar una indagación previa, la Procuraduría General de la Nación encontró méritos para iniciar investigación disciplinaria en contra de cinco exfuncionarios y un servidor público de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Esto por presuntas irregularidades evidenciadas durante la suscripción y ejecución de contratos de arrendamientos de predios ubicados en el archipiélago Islas del Rosario, ubicado frente a las costas de departamento de Bolívar.
En este caso, la polémica involucra a varios exservidores por posible ausencia de total en labores de vigilancia y supervisión sobre el tema.
“Estas se relacionan con las presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, en las solemnidades establecidas en el acuerdo 041 de 2006. También se evidenció ausencia de avalúos catastrales y que algunos contratos excedieron el límite de área permitido para el arriendo”, señala el ministerio público.
De esta manera, el ente de control ordenó abrir un proceso disciplinario en contra de los exfuncionarios Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos.
Asimismo, se realizará una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019, quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.
¿Carrusel de abogados?
Por otro lado, y tras la revelación que hizo SEMANA sobre el predio que estuvo en poder de Leonor Serrano de Camargo, la exgobernadora de Cundinamarca, quien dejó de pagar el arriendo, no aportó a tiempo la póliza de seguro y mantuvo el terreno en abandono. Sin embargo, no fue sancionada por la ANT, la entidad hizo un cruce de información que le permitió establecer que hay un grupo de abogados que, según dice su director, estaría trabajando en beneficio propio.
“Lo principal que veo aquí es que quienes vinieron a representar a muchos de esos depositarios u ocupantes de las islas es que tienen interés personal, pero a la vez son socios de una entidad sin ánimo de lucro que también tiene depósitos en la isla. Y luego a esa misma entidad le ceden un contrato en el caso de la señora Serrano, y buscan tener la representación por el depósito de otros contratos. Eso sí, es lo que me parece, mucho más, que va configurando un concierto para delinquir, porque se van apropiando de los bienes de las islas”, sostiene Vega.