Tras los enfrentamientos en los cascos urbanos veredas y corregimientos de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal ubicados al sur del departamento de Bolívar, la Gobernación pidió al Ejército Nacional permanecer principalmente en las zonas rurales.
El secretario del Interior del Departamento de Bolívar, Raúl Vargas, declaró lo siguiente:
“Al conocerse un intercambio de disparos que ocurrió en la mañana del lunes -9 de octubre- en la zona rural de Santa Rosa del Sur y gracias a la oportuna, reacción del Ejército Nacional a través de sus tropas del Batallón de Selva 48; permitió la recuperación de material de intendencia del grupo armado que hizo los disparos, además de las 128 familias (311 personas) que se encuentran en confinamiento”.
Debido a la grave situación a la que se enfrentan las comunidades al sur del departamento, especialmente en las veredas Mina Nueva y Cañaveral de Chicamoqué, del municipio de Santa Rosa, Vargas hace un llamado a las autoridades.
“Pedimos a nuestro Ejército Nacional permanecer en las veredas de Minueva y Cañaveral con el fin de evitar que se presenten nuevas acciones que afecten a estos bolivarenses”.
La Defensoría emitió una Alerta Temprana
De acuerdo con los reportes de las autoridades, los grupos al margen de la ley que se encuentran en la zona son: el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
Por tal razón la Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana 034 del 2023, debido a la grave situación a la que se enfrentan las comunidades al estar en medio de los enfrentamientos.
“Cuando se enfrentan estos tres grupos armados ilegales no solo ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, ya que quedan en medio de las confrontaciones armadas, además generan riesgo de desplazamiento o confinamiento”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al dar a conocer la Alerta Temprana 034.
El documento identifica que los tres grupos se están disputando el control territorial, el manejo de las economías ilícitas y las rentas criminales, como las derivadas de la extorsión. Sin embargo, en algunas zonas se han dado acuerdos entre el ELN y las disidencias de las Farc, lo que permite que en un mismo corregimiento o vereda coexistan los dos actores armados.
El escenario de riesgo incrementó luego de la decisión de los frentes 4, 24 y 33 de las disidencias de las Farc de retomar el control territorial, lo cual coincidió con la expansión territorial de las AGC y su ingreso a la zona con dominio histórico del ELN. La situación desató la confrontación armada, que hoy tiene a la población civil atemorizada.
“Las extorsiones son otra práctica que afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades, que están expuestas a amenazas y desplazamientos forzados en caso de no acceder al pago. Es importante señalar que las AGC han logrado posicionarse en la zona mediante intimidaciones contra la población civil”, señaló el defensor del Pueblo de los colombianos.
Las AGC, dice la Alerta, han tercerizado sus acciones y apoyan táctica y financieramente a los grupos criminales Los España, Los Carburadores, Los Gomelos, entre otros. Estas estructuras manejan la distribución y comercialización de estupefacientes y hacen ‘labores’ de vigilancia y cobro de extorsiones.
Ante esta situación y con el objetivo de evitar que se presenten nuevos riesgos, la Defensoría del Pueblo entregó recomendaciones para que las autoridades nacionales y locales implementen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario.