Nuevos líos en la Procuraduría para el alcalde de Cartagena, William Dau, esta vez por cuenta de posibles irregularidades con un contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
SEMANA conoció que la procuraduría le acaba de formular un nuevo pliego de Cargos al alcalde por los posibles sobrecostos por 527 millones de pesos que tuvo un contrato firmado durante la pandemia para suministrar alimentos a 97 mil estudiantes de los colegios públicos de la ciudad.
De acuerdo con los hallazgos del Ministerio Público, el mandatario distrital suscribió una adición por 3.400 millones de pesos sobre el contrato original, que fue firmado por 22.459 millones de pesos a pesar de conocer un informe de la Contraloría General de la República en que se denunciaron los sobrecostos y la diferencia entre los paquetes alimenticios propuestos y los que realmente fueron entregados a los estudiantes en sus casas.
La adición del contrato se hizo con fundamento en los estudios previos autorizados por la directora de Cobertura de Educación, Alexandra Herrera, por lo que el ministerio Público también extendió la formulación de cargos contra la funcionaria.
En su auto de formulación de cargos, la Procuraduría compara los precios del mercado, versus los valores cobrados al distrito de Cartagena por el contratista, de los productos que hacían parte de los kits alimenticios a entregar.
Además de los sobrecostos, la Procuraduría pudo establecer que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes, que constaban de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos, y sin embargo al parecer se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo.
Para la Procuraduría, la falta del alcalde es gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión pese a conocer que existían sobrecostos, causando así un detrimento al patrimonio público.
Alcalde sancionado
Hace apenas unos días, la Procuraduría general de la Nación sancionó con en suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por cuatro meses al alcalde William Dau, por lo que considera fueron actos de irrespeto cometidos en contra de las directivas de la Universidad de Cartagena, a quienes tildó de “nido de ratas”, “corruptos”, “malandrines”, entre otros calificativos.
Los hechos se remontan al día 31 de julio de 2020, cuando el alcalde de Cartagena, en declaraciones entregadas a medios de comunicación locales sobre la elección del contralor distrital de Cartagena, manifestó:
“Si hay una nueva elección vamos a estar pendiente(s), aunque no es al alcalde quien le compete, para que no vayan a decir que es el alcalde que quiere inmiscuirse en esa elección, pero lo que sí haremos es revisión, marcación estricta de la Universidad de Cartagena para que cualquier concurso que ellos hagan sean objetivos, no sea amañado y sujeto a las influencias que siempre se dan en la Universidad de Cartagena, que recordemos es una entidad pública llena, plagada de corrupción, que siempre ha sido un nido de ratas, las directivas de la Universidad de Cartagena”.
Inmediatamente, al conocer la decisión del Ministerio Público, el abogado defensor, Andrés Suárez, interpuso una apelación, esto con el fin de que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular sea quien compruebe el proceso y tome una nueva decisión de segunda instancia o en su defecto ratifique la que ya se ha tomado.
“La Procuraduría desconoce su propia competencia y los recientes pronunciamientos sobre la competencia de sancionar a sujetos elegidos por elección popular, como el punto 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias en el caso de Leopoldo López en Venezuela y el caso de Gustavo Petro en Colombia. Existen amplios precedentes y jurisprudencia que demuestran que solo un juez penal tiene la potestad de separar a los funcionarios de elección popular”, indicó Suárez.
Completaré los cuatro años de mandato: alcalde William Dau
El mandatario expresó que la decisión del Ministerio Público es desproporcionada y desconoce la jurisprudencia de las altas cortes nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, según dice su defensa, reafirman que los funcionarios elegidos por elección popular solo pueden ser sancionados por jueces penales.
“Hoy, la Procuraduría General de la Nación se pronunció con un fallo sobre el proceso que siguen en mi contra por haber dicho que en la Universidad de Cartagena hay un nido de ratas; les quiero decir que ustedes tienen alcalde hasta el 31 de diciembre de este año, seré el primero que complete sus cuatro años, después de ocho años de inestabilidad en el gobierno”, puntualizó Dau Chamat.