El Caribe colombiano sigue viviendo una crisis por el tema de la energía eléctrica, pues las comunidades aseguran que el costo de sus recibos es alto, pero el servicio no es el mejor y muestra de ello es el llamado que hizo el mismo gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paudí al presidente, Gustavo Petro, para que intervenga la empresa Afinia en su departamento tal como sucedió con Air-e.
El mandatario indicó que el mal servicio de energía está causando alteraciones del orden público porque las comunidades desesperadas comienzan a bloquear vías importantes y los delincuentes comienzan a cometer hechos contrarios a ley. El anunció lo hizo por medio de su cuenta en la red social X, antes Twiiter.
“Presidente @petrogustavo, le solicitamos su apoyo urgente con @AfiniaGrupoEPM. Esto es insostenible. Comunidades llevan días sin energía. Por favor, el Caribe también es Bolívar”, expresó Arana Padauí en un primer trino la tarde de hoy, tras recibir reportes de que varias poblaciones llevan horas e incluso días sin electricidad.
El gobernador insistió que desde que conoció esta problemática con las comunidades de Bolívar ha intentado ayudar en la resolución de las diferencias, pero con el pasar de las semanas, la situación se ha salido de control. Y es que junto con Arana se han unido otros mandatarios del Caribe para una pronta solución.
La situación ha escalado tanto que Arana Padauí, visiblemente preocupado, lanzó un segundo mensaje directo a través de sus redes sociales.
“Arjona y otros municipios vecinos pasan más tiempo sin luz que con energía. Pedimos una vez más a @AfiniaGrupoEPM mayor responsabilidad social”, expresó.
A pesar de estos llamados, la respuesta por parte de la empresa ha sido insuficiente, lo que llevó al mandatario a tomar nuevas medidas.
“Esta semana nos reuniremos con @Superservicios para exponer la situación real del servicio en Bolívar y solicitar medidas urgentes”, afirmó Arana en otro trino, marcando una clara intención de buscar soluciones con las autoridades pertinentes.
Durante la más reciente reunión del Consejo Regional Administrativo del Caribe (RAP Caribe), el gobernador Arana y sus homólogos de la región coincidieron en la necesidad de crear una nueva empresa que pueda ofrecer un servicio de energía más eficiente y confiable para todo el Caribe, que responda a las verdaderas necesidades de la población.
La intervención de la empresa Air-e
La Procuraduría General de la Nación le pidió explicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la decisión que ordenó intervenir la empresa Air-e, la cual le brinda el servicio de energía a millones de colombianos que viven en la Costa Caribe. La misma compañía ya había alertado que venía sufriendo una crisis financiera.
El ente de control informó que como parte de sus funciones “preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención de Air-e”.
La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría le pidió al superintendente Dagoberto Quiroga que aclare, con base al estudio técnico que le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía (CREG) que le dio el concepto favorable para proceder a la intervención de Air-e, además, en qué causales de la ley se apoya la decisión de la toma de posesión.
“En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria”, dice el comunicado.
Dentro de las explicaciones de la intervención que ordenó la SuperServicios sobre Air-e, también tendrá que dar información sobre los subsidios causados y los aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de indicadores como pérdidas, recaudo y calidad de servicio.
“La Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio”, menciona el oficio que ya está en manos de la Superintendencia de Servicios.