En una histórica sentencia emitida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, se resolvió a favor de la Universidad de Cartagena en un litigio que se había prolongado desde 2006.
Y es que este conflicto surgió cuando Ecopetrol le solicitó a la universidad que le devolviera más de $50.000 millones, una suma recaudada por concepto de una estampilla destinada a financiar la educación superior. La decisión de la Corte pone fin a este proceso legal que amenazaba la estabilidad institucional de la universidad y que había generado incertidumbre en la comunidad académica.
El fallo de la Corte es considerado una victoria para la Universidad de Cartagena, ya que confirma su derecho a conservar los recursos que, según argumentó, fueron correctamente recaudados para el beneficio de la educación en la región.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró la decisión, asegurando que este dinero ayuda a que la educación siga creciendo en esta institución de educación superior en Bolívar.
“Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó Arana, quien destacó la importancia de este fallo para el bienestar de la región.
Entre tanto, William Malkún, rector de la Universidad de Cartagena, también se mostró optimista tras conocer el fallo, pues dio a conocer que la sentencia representa la mejor noticia que ha recibido el claustro universitario durante varios años.
“Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, señaló Malkún.
En el texto de la sentencia, la Corte asegura la relevancia constitucional del caso, haciendo énfasis en la garantía del debido proceso, en particular frente a una indebida valoración probatoria por parte de Ecopetrol.
Además, la Corte advierte sobre la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada, dado que existen decisiones ejecutoriadas que habrían dado lugar al pago por parte de Ecopetrol en favor de la universidad. Este enfoque legal le da más fuerza al argumento de la universidad y garantiza su derecho a mantener los recursos recaudados.
Lo que ahora buscan desde la Gobernación de Bolívar junto con las directivas de la universidad es poder seguir avanzando en los retos de la educación superior no solo en Bolívar sino en toda la región Caribe colombiana.