Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el departamento de Nariño y Norte de Santander agrupan más del 50 % de toda la coca del país. Sin sumar a Putumayo y Cauca, donde en esos cuatro territorios se concentra el 78 % de los cultivos de coca en Colombia.
De acuerdo con el documento de esta oficina de las Naciones Unidas, el 36 % de la coca del país se concentra en siete enclaves productivos. Catatumbo, Frontera Tumaco y Argelia-El Tambo son los tres enclaves con mayor área sembrada de coca.
Aunque los cultivos de coca siguen estando en la parte más alta de la serie histórica, la Unodc explica que el 38 % del territorio que alguna vez tuvo coca en los últimos diez años completó tres o más años sin ese cultivo.
Dicho esto, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) avanza satisfactoriamente en la transformación de los territorios afectados, donde se han erradicado 45.832 hectáreas de cultivos ilícitos bajo acuerdos de sustitución voluntaria en varias regiones del país.
A nivel nacional, un total de 99.000 familias están vinculadas a este programa; por lo que en Norte de Santander, 2.989 familias campesinas son beneficiarias en los municipios de Tibú y Sardinata, pertenecientes al Catatumbo.
Por su parte, Hernando Londoño, director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, indicó que esta herramienta del Gobierno nacional, continúa su presencia en la región nortesantandereana como uno de los cumplimientos del acuerdo de paz.
“Veníamos aclarar lo que se escucha en los territorios, que el gobierno no le ha cumplido a las familias que se vincularon de manera voluntaria la sustitución de cultivos y lo que hemos venido a explicar es que ningún beneficiario que suscriben un acuerdo voluntario sustitución, debe tener los cultivos ilícitos o tener coca y, por lo tanto, son sujetos de erradicación”, explicó el director del PNIS en una entrevista radial.
Además, el funcionario fue enfático al señalar que ninguno de los beneficiarios de este programa deben estar vinculados con los cultivos ilícitos, pues si es sorprendido con esa acción le estaría incumpliendo al programa y debería ser sujeto de erradicación como lo estableció el acuerdo. “Quienes recibieron recursos y están retornando a la ilegalidad, le están incumpliendo al programa y pues deben ser retirados inmediatamente”, señaló Londoño.
En Norte de Santander, en los municipios de Sardinata y Tibú, hay cerca de 3.000 familias vinculadas al programa de sustitución, “a estas familias ya se les han entregado más de 30.000 millones de pesos en apoyo y subsidio, especialmente los pagos en efectivo y próximamente se va a adjudicar la licitación, para que las familias puedan comenzar de los proyectos productivos de ciclo corto”, puntualizó el director.
¿Comisionado de paz continuará procesos en Norte de Santander?
Luego del anuncio en los últimos días que hizo el presidente de la República, Iván Duque, al designar como alto comisionado para la Paz a Carlos Baena, quien transitoriamente reemplazará en ese cargo al alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, se mantienen las expectativas sobre la continuidad de los procesos que se vienen realizando con esta entidad en el departamento de Norte de Santander.
Los entes territoriales y líderes de las víctimas en esta región, esperan adelantar un primer encuentro con el actual representante del comisionado de paz, con el fin de avanzar en la problemática de la sustitución de los cultivos ilícitos que se desarrollan en la zona del Catatumbo.
Por su parte, el secretario de víctimas y posconflicto de la gobernación de Norte de Santander, Andrés Llanos, manifestó que en el último año, mientras Baena se desempeñaba como viceministro del Mininterior, se efectuaron varios escenarios de diálogos territoriales con las víctimas en la región; por lo que se espera que ese mismo proceso continúe realizándose.