Cerca de 400 familias quedaron sin hogar entre esas víctimas del conflicto armado y migrantes venezolanos, luego de que en la mañana de este lunes 24 de octubre se llevara a cabo una orden de desalojo en el sector del Anillo Vial Occidental. En este hecho resultaron heridas varias personas debido a que las autoridades tomaron el control del sector a la fuerza al utilizar gases lacrimógenos.
Una multitud de pobladores de unos lotes ubicados junto a las torres de Cormoranes, pertenecientes a la ciudadela Juan Atalaya, se vio afectada tras el cuarto intento de desalojar este terreno, el cual se le conoce hoy como La Mano de Dios.
Ante este situación, SEMANA se comunicó con Ricardo José Becerra, director de la Fundación Cúcuta Viva y Activa, quien confirmó que estas personas llegaron a ocupar este sector hace tres meses y medio y desde hace dos se venía desarrollando acompañamiento psicosocial y jurídico para brindarles las garantías necesarias a esta población.
Sin embargo, María Virginia Sandoval Torres, inspectora segunda urbana de la Policía de Cúcuta, llegó desde las 3:00 a. m. a este lugar y acompañada de un grupo de uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) habrían presuntamente realizado unos disturbios por el poder del terreno.
“En esta oportunidad nosotros le solicitamos a la inspectora que les brindara las garantías a las personas que estaban asentadas en este lugar, donde la mayoría (unas 250 familias) son víctimas del conflicto armado reconocidas por la Unidad de Víctimas. Dicha entidad no estaba presente, por lo que le explicamos a ella (la inspectora) que mientras no estuviera la Unidad no podía hacer el desalojo, pero ella respondió que hacía lo que se le daba la gana, pues para eso era la que mandaba”, relató Becerra.
Tal parece que pese a las súplicas de la comunidad, que le solicitó que esperará media hora mientras llegaba la Procuraduría para apersonarse del tema y evitar el desalojo, la inspectora habría hecho caso omiso e inició el procedimiento.
“En ese momento se molestó y tomó la decisión de ordenar el desalojo y la Policía Nacional agredió y arremetió en contra de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, incluso nos dicen que hay dos personas graves y que posiblemente una de ellas ya murió, también nos dicen que tres muchachas embarazadas, una de ellas habría perdido el bebé, estamos tratando de confirmar con el hospital si eso es cierto. Adultos mayores golpeados, lesionados”, puntualizó el director de la Fundación.
Así mismo, señaló que debido a que estas personas quedaron sin hogar, hacen un llamado a la administración municipal para buscar garantías para salvaguardar la vida de estos ciudadanos.
“La autoridad pasó por encima de todas estas personas que hoy no tienen dónde quedarse y estamos tratando de buscar una mesa de concertación con la Alcaldía para que los reubiquen y por lo menos les den garantías, que se disponga de una cancha o algo para que ellos puedan pasar la noche, mientras buscamos una solución, pues a estas personas nunca les solucionaron el tema de la vivienda”, puntualizó Ricardo José Becerra.
Lo cierto es que con gases lacrimógenos las autoridades de la ciudad desalojaron a 438 familias de este sector y se espera que la Policía Metropolitana de Cúcuta entregue un reporte oficial de lo sucedido.