El municipio de Gramalote, situado en el departamento de Norte de Santander y fundado en el año 1857, fue destruido por una falla geológica el 16 de diciembre de 2010. Todo lo que se conocía en aquel entonces quedó en ruinas, miles de familias lo perdieron todo.
Sin embargo, ante esta tragedia, el Gobierno nacional les prometió a las cerca de 3.300 personas damnificadas, el cielo, la tierra y una reubicación nueva, pero tras pasar más de 12 años, hay 128 familias que esperan la construcción de su casa.
Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio César, padre de la familia Cobos Bermúdez, que no alcanzó a ser beneficiado con la entrega de las 850 casas del proyecto a manos del Fondo de Adaptación. Este hombre denuncia presuntas irregularidades en el proceso.
Así las cosas, estas últimas viviendas quedaron a medio construir, donde una de ellas solo tiene algunas columnas o tubos, como hay otras que las dejaron sin puertas y ventanas, todo esto por el presunto incumplimiento de la unión temporal Nuevo Gramalote, antiguo contratista del proyecto que ahora enfrenta un litigio arbitral.
Es por ello que el Fondo de Adaptación inició el proceso de licitación pública para la construcción, terminación y entrega de estas casas faltantes, por lo que el contrato lo ganó el consorcio Viviendas Gramalote, por un valor de $17 mil millones de pesos.
Esto se firmó el pasado 9 de diciembre de 2022, donde se acordó realizar una primera fase de preconstrucción bajo la anuencia y ejecución de la Interventoría Arquiciviles con una fase de dos meses, es decir, debía finalizar el 9 de febrero de 2023, pero según a la fecha no se ha movido ni un ladrillo.
“El Fondo de Adaptación no da razón de este proceso, porque el que inició construyendo el casco urbano era socio del hermano del doctor Iván Mustafá, quien era el director de ese entonces del fondo. Entonces lo que querían era tramitarlo nuevamente hacia allá, por lo que declaran a los otros dos contratos que se han licitado desiertos y es así como a esa misma empresa le cambian la razón social con otra fachada y se ganan el contrato”, señaló César Cobos.
Sin embargo, esta no sería la única presunta irregularidad que se estaría presentando en el nuevo Gramalote, pues a los padres de César, quienes murieron en 2018 y 2019, anhelando la entrega de su vivienda, respectivamente, firmaron unas escrituras públicas que aún no se han entregado.
“Yo tengo esas escrituras, donde lo más irónico de la vida es que yo le estoy pagando impuestos supuestamente a una casa que no existe. Entonces no entiendo por qué el Fondo de Adaptación hizo que a esas 128 familias, que no tenemos vivienda, nos hicieran firmar esas escrituras. Lo que nos dijeron fue que si no la firmábamos no nos daban casa, nos engañaron y ahora los impuestos siguen corriendo en esa casa de promesas”, indicó el afectado.
Pero esto no es todo, pues el Gobierno nacional incentiva la reactivación económica en este municipio, destinando 7.730 millones de pesos y una adición un año después de 2.230 millones de pesos para operación de ejecución, permitiendo que todos los gramaloteros pueda tener un modelo de trabajo y un sustento para sus familias.
Es por ello que el Fondo de Adaptación, contrato a la fundación SOCYA, la cual dio inicio a dicha reactivación ejecutando los proyectos presentados por la comunidad, a lo cual tenían un tiempo de ejecución de 24 meses, pero llevan 60 meses, donde los beneficiarios denuncian que no han podido ejecutar la reactivación económica.
“Pasado el tiempo no ha sido posible continuar la entrega y los pocos proyectos entregados no han sido completos, y con un sobrecosto que supera más del 170 % del valor del comercio, estos valores no fueron tenidos en cuenta para ser ejecutados a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, el jueves 20 de abril asistieron representantes de la fundación SOCYA y Fondo de Adatación, donde se socializó para cuando se estaría realizando la entrega total de los proyectos faltantes y los que faltan, por qué tanto sobre costo de los bienes adquiridos, se solicita los informes de ejecución del contrato por parte de la firma interventora, a lo cual no dieron respuesta”, señaló el veedor.
Así mismo, se han presentado las diferentes denuncias ante los entes de control tanto departamentales como nacionales, verbal y físicos sin que se tenga una respuesta concreta de todos estos acontecimientos de irregularidades en el reasentamiento y reactivación económica de Gramalote.
En estos proyectos de reactivación económica, quien no tuviera vivienda para poder realizar su negocio, se estaban vendiendo unos lotes por parte de la empresa SOYCA, “lo que no se entiende es porque si estos predios son del estado ya, a quien le compraron para volver a venderle al estado; y si es de venderlos a donde están destinando los recursos de estas compras; asimismo, dentro de la resolución de aceptación de lotes para comercio establecen que una vez el propietario llevara más del 75 % de la construcción se iniciaría el trámite para el levantamiento de escrituras, pero ahora bien nadie se quiere hacer responsable por el pago de impuestos de estos terrenos ni las escrituras públicas”, puntualizó el afectado.
Ante todas estas supuestas inconsistencias, la comunidad gramalotera está inconforme, devastada y abrumada, no sabe qué más hacer para que estas entidades les respondan por sus derechos. “Esto ya llegó a un tope, ya no somos capaces de nosotros mismos atacar la corrupción”, puntualizó César Cobos en SEMANA.