Este viernes 9 de septiembre se presentará en Cúcuta el informe que da cuenta de las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que experimentaron las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes en Colombia.
Este estudio, desarrollado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, con el apoyo de la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo – Francia, logró revelar cuáles son los inconvenientes por los que pasaron estas mujeres entre 2018 y 2021.
El estudio denominado “Uno pasa por muchas cosas” recoge datos relacionados con discriminación, xenofobia y condición migratoria, en zonas particulares como Bogotá, Cúcuta, Soacha e Ipiales.
Los resultados del informe buscan exponer y plantear soluciones a estos problemas que afrontaron las mujeres extranjeras en el país.
Las organizaciones aseguraron que esperan contar con la presencia de las personas entrevistadas -mujeres migrantes y profesionales de la salud-, entidades públicas, organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales y medios de comunicación.
También se analizarán otros servicios de salud sexual y reproductiva como la anticoncepción, la atención del parto y la atención de las violencias basadas en género.
Dentro de los principales resultados se encontró que las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas se enfrentan a un marco restrictivo y discriminatorio para el acceso a la prestación del servicio de IVE, producto de su condición migratoria, lo cual se agrava en aquellas con un estatus migratorio irregular y, entre ellas, en las caminantes.
La autora del informe es Juliana Martínez Londoño, PhD en Ciencias Humanas y Sociales y exsecretaria de Mujeres de Medellín, quien afirma que “las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la IVE se basan en prejuicios y estigmas sobre el aborto”.
“En el caso de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas se añade la xenofobia y discriminación de la que son objeto por su condición. Esto también implica tener en cuenta los patrones culturales que influencian las prácticas en torno a la salud, la sexualidad y la reproducción”, agrega Martínez.
Como parte de la investigación se realizaron entrevistas, grupos focales, análisis de datos y casos. Con esto se identificaron tres grandes categorías en las que se presentan las barreras de acceso:
- Primero, el desconocimiento del marco legal, que lleva también al desconocimiento de la IVE como una urgencia.
- Segundo, las interpretaciones restrictivas de este, con la solicitud de documentos que den cuenta del estatus migratorio.
- Y tercero, las fallas en la prestación de los servicios.
Ahora, dentro de las barreras de acceso particulares que enfrentan las mujeres migrantes se encuentran el desconocimiento de la legalidad del aborto en Colombia y la falta de intimidad en sus espacios habitacionales -lo que dificulta obtener información oportuna-.
Asimismo, la falta de redes para la prestación del servicio, las fallas en cuanto a las denuncias por violencia sexual, la negación del servicio por no tener un estatus migratorio regular, entre otras.
En cuanto a las barreras de acceso a otros servicios de salud sexual y reproductiva, la investigación documenta que, para quienes no cuentan con afiliación a salud, el acceso a métodos anticonceptivos no está disponible, ni siquiera a través de urgencias.
Por esto, las mujeres migrantes irregulares solo pueden acceder a estos en la atención posparto o post aborto, pero no logran controlar su fecundidad.
En cuanto a la atención del embarazo y el parto, las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas con estatus irregular solo logran ser atendidas al momento del trabajo de parto, sin haber tenido acceso, en muchas ocasiones, a controles prenatales.
También se identificaron hechos constitutivos de violencia obstétrica, ya que las mujeres informan haber recibido maltrato tanto con comentarios que cuestionaron sus decisiones reproductivas, como al dejar de ser consultadas sobre los procedimientos médicos llevados a cabo en sus cuerpos por el personal de salud.