En las últimas horas se dio a conocer que la solicitud de suspensión inmediata del cargo de alcalde de Cúcuta a Jairo Tomás Yáñez Rodríguez pasó a manos del procurador general, quien se encargará de evaluar la situación y dar solución.

Esta decisión se determinó luego de que Yáñez recusara al gobernador del departamento, Silvano Serrano Guerrero, de tener un supuesto contacto directo con el detenido exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien catalogó en días pasados como inaceptable “la exigencia que le hace el ramirista contralor municipal al gobernador de suspenderme”, ya que el alcalde asegura que Suárez estaría detrás de dicho proceso.

Así las cosas, el mandatario departamental, mediante la Resolución 0195 de 2022, argumenta que no aceptará la recusación presentada ante la solicitud formulada por Jairo Yáñez, por lo que este procedente tuvo que ser remitido al procurador regional de Norte de Santander, quien decidirá el futuro de la administración municipal.

“La autoridad competente (procurador regional) decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc”, reseña el documento.

En ese sentido, y con base en lo que establece el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, el procurador deberá determinar si hay mérito o no para que el gobernador acepte la recusación; mientras tanto, la solicitud de suspensión contra Yáñez emitida por el Contralor Municipal, Óscar Enrique Sandoval Blanco, queda suspendida.

Por su parte, el partido Alianza Verde, que anunció su respaldo al alcalde de los cucuteños, mencionó que denunciará ante la Procuraduría General de la Nación al contralor municipal, calificando sus acciones como una “actuación temeraria”. Al mismo tiempo, le pidió al gobernador de Norte de Santander no proceder con la solicitud.

“Solicitamos al señor gobernador, Silvano Serrano Guerrero, abstenerse de aplicar la solicitud de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, por estar abiertamente en contra de los mandatos constitucionales”, pidió el partido.

“El día que los contralores municipales puedan destituir o suspender a los alcaldes elegidos por voto popular, la democracia estará bajo el control de intereses políticos y no al servicio de los ciudadanos”, concluyó el partido.

De igual manera, el alcalde de Cúcuta añadió que considera que este ataque sistemático no es contra él, es contra la ciudad, contra la lucha frontal con la cual él asegura que se ha adelantado contra la presunta corrupción que se había apoderado de los recursos públicos.

“Aquí no se ha perdido ni un peso, a mí me pueden acusar de errores administrativos, pero jamás de corrupto. Confío en que el gobernador no caiga en este juego politiquero y no sea manoseado por el ramirismo”, puntualizó el mandatario de los cucuteños.

Al alcalde se le acusa de que ha suscrito 18 convenios interadministrativos con Área Metropolitana de Cúcuta por un valor de 77.699.362.623 pesos, de los cuales fueron evidenciados presuntamente un detrimento patrimonial que ha dejado al descubierto un total de 25 hallazgos disciplinarios y seis de ellos tienen incidencia disciplinaria.