La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía anunció la imputación de cargos a un exalcalde de la ciudad de Cúcuta por ser el presunto responsable del delito de prevaricato por acción.
Se trata de Donamaris Ramírez Paris – Lobo, quien estuvo al frente del cargo entre 2012 y 2015. Al parecer, en ese período habría protagonizado una ‘jugadita’ que hoy es investigada por el ente de acusación.
Al proceso también fueron vinculados los exconcejales Juan Pablo Celis Vergel y Wilmar Manuel Cepeda Basto, quienes cargan con el mismo señalamiento que le fue impuesto al exmandatario local.
El proceso
La tesis de la Fiscalía es que los exfuncionarios habrían concertado tramitar una modificación al Plan del Ordenamiento Territorial y así dar vía libre al desarrollo de proyectos urbanísticos para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.
El supuesto problema es que se le dio el visto bueno a la construcción de residencias en zonas de especial importancia ecológica.
Para esto, el alcalde puso a consideración del Concejo un proyecto de acuerdo en el que planteó una extensión del perímetro urbano que incluía áreas de protección ambiental.
Mientras que los exconcejales “presentaron ponencias favorables y permitieron que en los distintos debates fuera aprobada la iniciativa, que finalmente fue sancionada por el exalcalde el 23 de julio de 2012″.
¿Qué interpretó la Fiscalía?
Con el material probatorio en mano, los investigadores aseguraron que la exposición de los motivos del proyecto, como la ponencia positiva de los cabildantes, permitió cambiar el uso del suelo en terrenos de conservación ambiental con afluentes.
Ahora bien, “la modificación exigía obtener concepto de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander y definir una franja de protección sobre las fuentes hídricas, de al menos 30 metros, algo que no ocurrió” porque estaban incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Otro caso
La SAE tomó el control de 126 inmuebles que tendrían relación con una supuesta organización criminal que habrían fundado exfuncionarios de la Alcaldía de Cúcuta para amañar contratos y sacar provechos millonarios.
En la lista de ocupaciones aparece una sociedad con 90 lotes, correspondiente al 47 % de un barrio de la ciudad.
La presunta banda fue descubierta por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional junto a la Fiscalía.
Ellos expusieron que “la modalidad consistía en efectuar el trámite de liquidación y ejecución de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en los Programas de Alimentación Escolar y la construcción de Centros de Desarrollo Infantil”.
Al parecer, las obras no habrían sido entregadas a la comunidad, causando un detrimento patrimonial al Estado por más de seis mil millones de pesos.
En este proceso, se imputaron delitos a quince personas, cinco de ellas exfuncionarias públicas de la administración y una exempleada de la estrategia de fortalecimiento corporativo de la misma entidad.
Así lo detalló la directora de extinción del derecho de dominio de la Fiscalía, Liliana Donado Sierra:
“Por esos hechos están siendo procesados penalmente dos exalcaldes de la capital de Norte de Santander, varios exfuncionarios y contratistas”, cuyas fortunas se habrían materializado en el período en el que se concretaron los cuestionados contratos.
Mientras avanzan las investigaciones, se les impuso medidas cautelares a 108 lotes, siete sociedades, cuatro fincas, tres establecimientos comerciales, tres apartamentos y una casa.
Se destaca, por ejemplo, una lujosa propiedad avaluada en $5.000 millones y una sociedad que tenía como activos 90 predios, cerca del 47 % del barrio El Oasis de Cúcuta, donde viven 400 personas.