Noraima Carrascal Picón se convirtió en la primera víctima de 2023 en ser secuestrada en la subregión del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, tras ser retenida por hombres fuertemente armados.
El hecho se registró en horas de la tarde del sábado 7 de enero sobre la vía que conduce al corregimiento de Aguas Claras, perteneciente al municipio de Ocaña. Esta mujer es una reconocida líder comunal y madre comunitaria del programa Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar.
Este caso genera zozobra y angustia entre la comunidad catatumbera, tras presentarse al momento en que el Gobierno nacional mantiene una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que delinque en este territorio fronterizo de Colombia.
“Esta es la situación que lastimosamente estamos viviendo, necesitamos que el Gobierno ponga sus ojos en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña, porque ya son varias las personas secuestradas en nuestro municipio”, señaló Cristian Jiménez, concejal.
Sin embargo, hay gran preocupación en el departamento luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN y este lo negara tajantemente por medio de un comunicado de prensa.
Tras la polémica, los nortesantandereanos, y en especial los pobladores del Catatumbo, quienes se han visto sumergidos en la guerra desde hace muchos años, claman porque ese acuerdo se consuma realmente y así puedan vivir en paz.
“El ELN dice que ellos no han acordado el cese al fuego con el Gobierno, lo que nos preocupa debido a que esta guerrilla tiene una fuerte presencia en varios municipios del Catatumbo”, indicó Olger Pérez, vocero de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
Sin embargo, esto despierta esperanza para el departamento, al ser un territorio mayormente afectado por estos grupos subversivos que delinquen en este territorio fronterizo desde hace décadas.
“Esperamos que en el menor tiempo posible se logre un avance de diálogo con esta guerrilla para que finalmente los habitantes puedan tener una verdadera paz y podamos compartir con nuestras familias sin preocuparnos de ataques en contra de la población civil o contra la fuerza pública”, puntualizó el vocero de Asuncat.
Por su parte, los defensores de los derechos humanos en este departamento esperan que este proceso no quede como los anteriores, debido a que no se retomaron los avances que se dejaron en 2016.
“El Gobierno no puede cometer los mismos errores que se cometieron con las Farc, en el que su resultado fue una serie de violencia e incremento de cultivos ilícitos en la región. Si el ELN realmente tiene voluntad y quiere iniciar unos diálogos, deben ser ellos quienes manifiesten su voluntad en las regiones donde tienen control territorial, en términos del derecho internacional humanitario”, resaltó en SEMANA el defensor Diego Villamizar.
Así mismo, mostró su preocupación debido a que en lo corrido del año 2022 se presentaron más de 100 acciones terroristas contra las autoridades en esta región, por lo que pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas.
“En la región solo son un grupo criminal que sus actividades ilegales son: el secuestro, extorsión y control de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico al servicio de carteles mexicanos y cartel de los soles que entre otros son manejados por generales de la guardia venezolana de la dictadura de Maduro”, expresó Villamizar en este medio.