La ola de violencia que azota a varias regiones de Colombia no ha sido ajena al actual panorama político con las elecciones regionales. En lugares de Antioquia y Cauca, las disidencias deciden a dedo quién puede hacer proselitismo en zonas rurales, mientras que en Valle, Norte de Santander y la Costa Caribe, precandidatos han sido amenazados y hasta baleados.
Frente a este panorama, el partido Centro Democrático decidió no presentar candidatos a concejos ni alcaldías de 16 municipios del Catatumbo, Norte de Santander. “Los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc han impuesto una especie de veto a nuestros líderes para que se inscriban como candidatos de nuestra colectividad y así nos lo han manifestado los líderes abiertamente: que sienten temor por su vida”, señaló Milla Romero, exsenadora y representante del partido en Norte de Santander.
Esta situación ocurre no solamente en los municipios de la subregión del Catatumbo, sino también -reveló- en algunos territorios del área metropolitana de Cúcuta, capital de este departamento. Ante estas amenazas, el Centro Democrático no va a inscribir candidaturas en los municipios de El Tarra, Sardinata, Tibú, Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa de Belén, San Calixto, Teorama, Ocaña, Bucarasica, Herrán, Ragonvalia y El Zulia, en Cúcuta, entre otros.
“Los candidatos están bastante preocupados, incluso nos piden que los ayude a buscar otro partido porque dicen: ‘no puedo ir por el Centro Democrático’”, detalló la exsenadora.
Así las cosas, este partido político no va a tener candidatos propios, por lo que están analizando alianzas; sin embargo, los otros candidatos también sienten temor de tener el coaval en dichos municipios por la presencia de los grupos armados.
De acuerdo con Jairo Oviedo, coordinador regional de la Misión de Observación Electoral (MOE) de este departamento, “en Colombia no puede haber territorios vedados para ningún candidato de ningún partido político, por lo que es necesario que las autoridades competentes brinden las condiciones para hacer proselitismo en todo el país”.
Y añadió: “El panorama de seguridad en el departamento da cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en 24 municipios. Asimismo, con corte a 29 de junio de 2023, se han presentado 18 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales. De estos, 7 estuvieron dirigidos contra liderazgos políticos. Y los partidos Colombia Humana, de la U y Liberal fueron víctimas de 2 hechos cada uno y el partido AICO de un hecho”.
“De otra parte, es necesario incluir en este balance la situación de los departamentos de Arauca, Caquetá, Nariño, Cauca y Magdalena, así como de las subregiones de Montes de María, Cuenca del San Juan en Chocó, Magdalena Medio, Buenaventura y Bajo Cauca Antioqueño, entre otras, donde se han presentado, además de hechos de violencia contra liderazgos, acciones tendientes a impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, tanto de ciudadanos, como de posibles candidatos”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Finalmente, la MOE reiteró la importancia de que en las actuales mesas de diálogo con las diferentes agrupaciones armadas se incluya como un punto innegociable el respeto irrestricto a los derechos políticos, el respeto del cese al fuego y la adopción de las garantías necesarias para hacer proselitismo a lo largo de todo el país. Asimismo, indicó que es muy importante la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en las comisiones de seguimiento electoral que se están realizando.
“Preferí irme”
Seis personas tuvieron que renunciar a sus aspiraciones políticas en Antioquia por cuenta de las extorsiones y las amenazas emitidas por el frente 36 de las disidencias de las Farc. Para competir por las alcaldías municipales, cada uno tenía que pagarles cien millones de pesos.
Ninguno se atreve a hablar en voz alta de este escenario porque fueron sentenciados a la muerte. Solo uno encendió las alarmas ante la Fiscalía y hoy tiene pesadillas con lo que pueda pasar con su vida.
Por ejemplo, uno de los candidatos que se bajó del tarjetón en Briceño detalló la experiencia que vivió y suplicó no revelar su nombre porque les teme a las represalias de la guerrilla: “Si no les mandaba la plata, me declaraban objetivo militar. Yo preferí irme”.
Él salió del pueblo para ponerse a salvo y abandonó a la comunidad que estaba dispuesta a darle los votos. Hoy es consiente de que pesa más la voluntad de la organización criminal que la del Estado: “Allá va a ganar quien diga las Farc. La democracia está acabada”.
Al igual que algunos pueblos de Antioquia, donde el ganador tendría que gobernar de la mano con las disidencias, en Chocó sucede un caso similar con ELN. Allí, varios candidatos han denunciado ante la opinión pública ser víctimas de amenazas y presiones.
¿Qué dice la Defensoría?
“Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en un encuentro con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).
El defensor del Pueblo apoyó su labor y les dijo que, pese a las dificultades que se presentan, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.
Además, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones de octubre próximo: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.
Municipios en riesgo alto
En el desarrollo de la reunión, les socializó que son 75 municipios en riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Mencionó algunos de ellos: Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo) se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos. O Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.
Por esta razón, recalcó la importancia de continuar con la dinámica de vigilancia, en articulación con los burgomaestres, a la crítica situación de vulneración a los derechos humanos por el accionar de los actores armados ilegales en todo el territorio nacional.
“Las crueles acciones de estos grupos nos afectan a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, afirmó el defensor del Pueblo.