SEMANA conoció denuncias que advertían sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de un contrato firmado por Aguas Kpital. A juicio del abogado Jairo Ibero Ortega, quien ya puso en conocimiento su denuncia ante la Superintendencia de Servicios Públicos, la Fiscalía General y la misma Presidencia, el caso tendría la misma magnitud que el recién descubierto en Ecopetrol, esto por el monto.
En la denuncia presentada por el abogado Ibero Ortega ante el despacho del fiscal general de la Nación, asegura que desde octubre de 2022 puso el caso en conocimiento del presidente Gustavo Petro y la Superintendencia de Servicios Públicos, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna.
“Me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer uno de los actos ilícitos de apropiación indebida y sin justa causa superior en monto económico al recién descubierto y publicitado caso de Ecopetrol”, reza uno de los apartes de la denuncia radicada y en la que el jurista detalla que hay “graves irregularidades y apropiación indebidas de dineros pertenecientes a los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado”.
La documentación entregada por el jurista indica que Aguas Kpital “viene cometiendo graves irregularidades y apropiaciones indebidas de dineros pertenecientes a los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillad” (sic). Además, menciona que dicha apropiación fue de un monto cercano a los 496 mil millones de pesos, y, según el abogado, hasta la fecha no se sabe absolutamente nada de lo “que hizo con esa plata”.
El monto extraviado ―resalta la denuncia en poder de SEMANA― es superior a los hechos que se han descubierto recientemente en el escándalo de Ecopetrol y por el cual varios empresarios y contratistas ya fueron vinculados a un proceso penal.
Pese a esto, la denuncia radicada en el 2022 no ha recibido una respuesta satisfactoria. “Como podrá darse cuenta, señor fiscal, no existe interés jurídico por parte de la Superintendencia en defender los intereses de los ciudadanos y además en no darle a conocer semejante situación ilícita tan grave a la Fiscalía”.
Las pruebas
En la denuncia radicada se centra el multimillonario contrato del 4 de junio de 2006 por medio del cual se le entregó por el plazo de 15 años y seis meses el manejo, administración y servicio del acueducto a la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. con la posibilidad de una prórroga. Sin embargo, poco tiempo después la empresa fue liquidada y apareció Transivic con un capital de 916 millones de pesos que empezó a cumplir las funciones de Aguas Kpital.
Esto ―reclama la denuncia― aunque nunca adelantó un proceso de licitación, pese a la naturaleza del contrato. “La facturación que hace mensualmente la empresa Transivic están por el orden de los 21 mil millones de pesos mensuales cifra considerable, además en administraciones anteriores en forma extraña se le prorrogó el contrato por 10 años más y la administración actual ‘en forma extraña’ se lo prorrogó por cinco años más” (sic).
Pese a la importancia del contrato para todos los habitantes de la capital del Norte de Santander, el denunciante asegura que la mencionada empresa ha incurrido en constantes fallas en el recaudo, los ajustes de las tarifas que se hacen cada año, la baja ejecución de las obras y los registros de sus movimientos financieros, creando así una incertidumbre y un desorden administrativo de inmensas proporciones.
“Las modificaciones de las tarifas efectuadas por el Operador han estado por fuera del contexto, toda vez que en algún momento el operador podría pretender obtener flujo de caja a expensas del usuario quien es el afectado, toda vez que ha empezado a pagar una nueva tarifa reajustada sin gradualidad”, precisa el denunciante al citar las graves afectaciones para el usuario.
En este sentido alega que no se están cumpliendo los lineamientos del respectivo contrato. “En los informes en donde se detalla las obras del (POI), de los quinquenios transcurridos, estos son incompletos, no cumplen con las metas de obras programadas, se cumplen con la ejecución de las obras en porcentaje muy bajo”.
Frente esto se advierte que “el cobro de la tarifa por medio el valor presente plan de inversiones VPI de acueducto y alcantarillado no han llegado a cumplir con el fin por el cual se utiliza la tarifa. Que debido al tiempo transcurrido de la operación del contrato 030-2006 no se alcanzará a cumplir con las obras programadas en el POI”.
Por esta situación, le pide a la Fiscalía General abrir una investigación inmediata y tomar cartas en el asunto en contra de todos los implicados en estas irregularidades.
¿Qué pasó con la investigación?
Continúan las pesquisas para verificar los hechos referidos en agosto pasado por el abogado Jairo Ibero Ortega por las irregularidades que se habrían presentado en la licitación y celebración de un contrato para el manejo de los servicios públicos en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Frente a esto, se han recibido las respuestas de la entidad aludida que ha manifestado, por medio de su gerente y abogados, que todo cumplió con la normatividad exigida y se ha realizado el respectivo control para que se cumplan los objetivos pactados en el contrato.
El gerente de Aguas Kpital, Hugo Vergel, ha detallado que desde la apertura del proceso de licitación se cumplieron los requisitos exigidos por la ley. “No hay ningún fundamento a eso”, respondió al ser consultado por SEMANA frente a los hechos puestos en conocimiento por el abogado quien asegura que en la puesta en marcha de la celebración del contrato, suscrito el 4 de junio de 2006, se habrían presentado apropiaciones indebidas.
Desde la empresa encargada del servicio de acueducto y alcantarillado en la capital nortesantandereana se ha manifestado que están dispuestos a presentar toda la documentación cuando sean requeridos por las autoridades judiciales, advirtiendo que todo está en orden y que las acusaciones de apropiamiento de recursos y afectación en la prestación del servicio público no tienen sustento alguno.
El pasado lunes 18 de septiembre, el abogado Ibero Ortega rindió ampliación de su queja ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander. Desde el organismo de control disciplinario le confirmaron a SEMANA que se adelanta la recolección de otros elementos materiales de prueba para tomar una decisión de fondo frente a la denuncia sobre los supuestos malos manejos.
El procurador regional de Norte de Santander, Omar Quiñones, señaló que la ampliación de la queja presentada por el profesional del Derecho tuvo como finalidad “poder determinar quiénes son los servidores públicos responsables de estas situaciones” y tomar las decisiones que tengan lugar.
El denunciante asegura que cuenta con toda la evidencia documental para sustentar su queja disciplinaria. Estos hechos también fueron puestos en conocimiento ante la Fiscalía General y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Sea dicho de paso que el Ministerio Público, junto a la Dirección Nacional de Investigaciones, adelantan desde enero pasado una indagación sobre las presuntas irregularidades en la construcción del acueducto metropolitano de Cúcuta. Para esto, también se adelanta la recolección de elementos materiales probatorios, entre testimonios y documentos, para establecer si se registraron actuaciones contrarias a la ley.