Los nortesantandereanos, que habitan en la región del Catatumbo, claman por la construcción de un centro de estudios universitarios en este territorio que facilite el proceso académico en esta población. Sin embargo, en la actualidad, esta obra tiene problemas debido a que las autoridades no se ponen de acuerdo dónde sería más favorable su construcción.

Así las cosas, tres municipios de los 11 que comprenden la región del Catatumbo, claman para que este proyecto de ciudadela universitaria, el cual se encuentra en fase de estudios y diseños, no se haga en el municipio de Convención, sino en Tibú.

De acuerdo con el líder del municipio de Tibú, John Correa, este megaproyecto denominado Universidad del Catatumbo sería mucho más factible en dicho territorio por la cantidad de jóvenes que se gradúan de bachillerato.

“Tibú, año tras año, gradúa a cerca de 400 bachilleres y hemos analizado que es más factible que los jóvenes de los municipios de El Tarra, Teorama vengan a nuestra población, hicimos un sondeo de cuántos jóvenes se gradúan en esos otros municipios y no llegan a los 200 bachilleres”, señaló el Correa.

Así mismo, argumentó el por qué no debería construirse en Convención esta obra, pues mencionó que, a pesar de que queda muy retirado de los demás municipios del Catatumbo, en cercanías de esta zona ya se encuentra la Universidad Francisco de Paula Santander–Seccional Ocaña.

“Se ha mencionado que Convención tiene unos estudios y diseños, pero creemos que es el lugar más distante para llevar a cabo este proceso, ellos tienen una gran cercanía con Ocaña y la facilidad de acceder a las universidades que existen allá”, puntualizó el líder de Tibú.

Por su parte, se espera que el próximo viernes 12 de agosto se realice en la ciudad de Cúcuta un encuentro entre autoridades y líderes de los municipios de Convención, Tibú y El Tarra, con el fin de conocer sus puntos de vista y determinar cuál sería el lugar más apropiado para los catatumberos.

La comunidad de Tibú teme un atentado terrorista

Luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, ordenara enviar tropas a Tibú, Norte de Santander, para restablecer el orden público, surgió la inconformidad entre los pobladores, pues aseguran que la presencia de miembros del Ejército Nacional entre la población civil pone en riesgo sus vidas. La población teme quedar en medio de confrontaciones de los grupos criminales en cualquier momento.

Justo al lado del club de descanso de Ecopetrol, al que asisten familias completas, quedan las instalaciones abandonadas de lo que sería una sede de educación superior, ya sea de una universidad o del Sena, es un predio abandonado que está en custodia de la Alcaldía Municipal. Con la medida urgente del gobierno nacional de restablecer el orden y llevar a más pie de fuerza, decidieron prestar ese predio al Ejército Nacional para que allí se instalen alrededor de 100 hombres armados.

Junto al lado del predio hay viviendas y eso ha generado malestar. “Para nadie es un secreto que la confrontación armada se ha recrudecido. Y realmente la población civil exigimos que nos saquen de en medio y se respeten nuestros derechos”, dice Juan Carlos Arias, veedor, quien argumenta que lo que está sucediendo es una clara violación al derecho internacional humanitario, indicando que los militares deben de estar a una distancia prudente de la población para evitar que en una arremetida de los grupos criminales, las personas que viven alrededor terminen convirtiéndose en víctimas “colaterales”.

SEMANA conoció de fuentes del Ejército que para ellos no hay violación de derechos, asegurando que los uniformados tienen una capacitación especial en derechos humanos y relacionamiento con la comunidad, algo útil en estos momentos, que están brindando apoyo a la Policía Nacional. Aclararon que en ese punto están ubicados de paso, debido a que en las instalaciones militares no hay capacidad para alojar a tantas personas ni tampoco en la estación de Policía, que ha sido blanco de múltiples ataques. El predio que prestó la alcaldía es apto debido a que cuenta con unidades sanitarias y energía para que los uniformados pueden permanecer allí.

Jairo Libreros, experto en seguridad y profesor universitario, manifestó a este medio que efectivamente se estaría presentado una irregularidad, pues los militares no deberían tener ese punto provisional cerca a la comunidad, como se establece claramente en el derecho internacional humanitario, debido a que ponen en riesgo a la comunidad y más aun conociendo la dinámica del conflicto de la región del Catatumbo.