Las denuncias de un grupo de madres en Cúcuta se complementaron con meses de investigación de la Fiscalía para ubicar la vivienda que se convirtió en la sede de un negocio criminal. Niñas y adolescentes eran utilizadas en una red de explotación sexual con fines económicos, vinculados a la pornografía infantil.
El proceso estaba en marcha, pero mientras se recaudaban pruebas y las madres entregan detalles a la Fiscalía, los delincuentes ubicaban las adolescentes de manera frecuente, la mayoría de nacionalidad venezolana, de ahí que fue necesario actuar muy rápido, adelantar los allanamientos y capturar a los presuntos responsables.
“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jonathan José Moreno Fernández y Ender Mauricio Sierra Castañeda por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años”, explicó la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.
Los dos capturados transitaban tranquilos por las calles del barrio San Martín de Cúcuta, las mismas cuadras que utilizaban, según la investigación, para ubicar a las futuras víctimas, niñas y adolescentes de escasos recursos a quienes ofrecían pagos por grabar video con contenido sexual.
“Los hombres fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional el pasado 25 de febrero, luego de varias actividades de policía judicial como seguimientos llevaron a realizar diligencia de registro y allanamiento”, explicó la Fiscalía durante las audiencias de imputación de cargos por los delitos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años.
Las madres de varias menores fueron las primeras en descubrir como la casa, que se creía de una familia vecina, era en realidad la guarida de un grupo de degenerados que reclutaban a las menores para convertirlas en víctimas de las bandas de explotación sexual.
“De acuerdo con las denuncias instauradas por las madres de las víctimas, se estableció que uno de los capturados habría contactado a una de las menores para grabar videos para adultos, lo que permitió ubicar la casa donde se cometía el ilícito, en el barrio San Martín de Cúcuta (Norte de Santander)”, explicó el fiscal del caso mientras le pedía a juez enviar a los capturados a una cárcel.
Cuando los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación llegaron a la vivienda, encontraron a dos menores, que justamente estaban sometidas a las aberraciones de los explotadores. Durante los allanamientos fueron incautados videocámaras, CPU, celulares, juguetes sexuales y estupefacientes.
“Durante las audiencias concentradas, un juez con funciones de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y afectó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los dos procesados”, señaló el fiscal.
Los dos capturados no aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía, aun así el juez ordenó que, mientras avanza el proceso en su contra, deben permanecer privados de la libertad. Las menores fueron entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.