Por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio por valor de $562.528 millones, la Procuraduría General de la Nación, formuló pliego de cargos contra Andrés Mauricio Perdomo Lara, exalcalde de Florencia en el departamento de Caquetá.

Al parecer el procesado suscribió este negocio con la Asociación Manos Creativas y Formativas, sin realizar la evaluación de idoneidad de esta entidad sin ánimo de lucro, un requisito que es necesario para acreditar la experiencia técnica y administrativa; por lo que la conducta investigada fue calificada de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima.

El convenio de colaboración, cofinanciación y apoyo fue celebrado para “Prestar servicios como operador logístico para la realización y ejecución de las diferentes actividades en el marco del “XXII Festival Folclórico de la Amazonía en el municipio de Florencia, Caquetá”.

De acuerdo con el ministerio público el requisito mencionado se constituye en la única exigencia prevista para la suscripción de esta modalidad de contratación, de ahí su relevancia dentro del proceso.

Andrés Mauricio Perdomo Lara, fue alcalde de Florencia en el periodo 2016-2019, y actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 7 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El exmandatario se presentó de manera voluntaria el pasado 9 de junio ante el CTI en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, al conocer de la orden de captura que pesaba en su contra para darle cumplimiento a la pena.

Los hechos están relacionados con la celebración de un contrato de suministros suscrito en septiembre de 2016 por un valor de $1.004 millones; siendo el objeto de este la entrega de 5.544 metros cúbicos de asfaltita, situación que según la investigación de las autoridades se estaba registrando un mes antes de que se firmara el contrato.

Esta evidencia le permitió a la Fiscalía concluir que el contratista fue escogido con antelación, vulnerando los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad sobre los demás oferentes.

En este caso el exmandatario Perdomo Lara no es el único condenado; también fue sentenciado a una pena de 6 años de prisión Diego Andrés Cuellar Silva, exsecretario de obras públicas y el contratista Diego Alfonso Castañeda.

Además, la Fiscalía indicó que otras irregularidades en este contrato se relacionan con la emisión de un paz y salvo a pesar de que el contratista no había entregado la totalidad del material y adicionalmente se detectó un faltante de asfaltita calculado en $18 millones.

Primicia: Procuraduría denunciaría a juez que ordenó libertad de dos jóvenes designados como gestores de paz por el Gobierno Petro

SEMANA conoció, en primicia, que el procurador delegado encargado para asuntos penales del Ministerio Público, Jairo Acosta, evalúa presentar denuncia en las próximas horas en contra de la juez que ordenó la libertad de dos jóvenes designados como gestores de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.

Dicha denuncia, según fuentes de la Procuraduría, se presentaría ante la Fiscalía y ante la Comisión de disciplina Judicial. En primer lugar, la Procuraduría considera que el juez coordinador del centro de servicios judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden en ese sentido que le entregue un juez de control de garantía. Solo a falta absoluta de este podría entrar a suplirlo.

El Ministerio Público advierte que, en todos los casos y para el cumplimiento de su función, los fiscales, los jueces y la policía judicial debe enterar oportunamente, por el medio más expedito, a los procuradores judiciales de las diligencia y actuaciones de su competencia.

En otras palabras, el juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura.