La tensión por cuenta de las confrontaciones entre manifestantes y el Esmad en Los Pozos, San Vicente del Caguán, en Caquetá, continúa.
Hasta ahora se ha confirmado el deceso de un policía y varios heridos; sumado a ello, se reveló un video en el que, al parecer, un integrante de la Guardia Indígena hace una fuerte declaración: “Ya el Esmad se entregó, hay que matarlos y quemarlos”, se le escucha sentenciar.
Luego, la grabación muestra a los manifestantes llevar con ellos a uno de los uniformados del Esmad. Sin embargo, se desconoce qué sucedió después.
Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de Twitter audios en los que unidades del Esmad piden ayuda frente a las agresiones de los manifestantes.
“Ya los compañeros se están quedando sin municiones, necesitamos el apoyo, central”, dijo un uniformado, mientras que otra persona le responde: “Ya el apoyo se está coordinando para que ingrese”.
La ayuda desesperaba continuaba: “Los compañeros ya no tienen con qué pelear, jefe; colabórenos, por favor”, dijo otro uniformado.
Mientras tanto, desde la central les pedían que tuvieran calma. “Por favor, tengamos paciencia, estamos coordinando, ya llega el apoyo, ya ingresa el apoyo de gases, tengamos un poquito de control; yo sé que es difícil, pero, por favor, no perdamos la comunicación”, agregaron desde la Central.
Los gritos clamando ayuda continuaban. “Dos horas esperando y nada, ya se llevaron a otro. Cuáles derechos humanos, no existen. Ya tenemos a un compañero muerto, central, qué estamos esperando, ¿que nos acaben a todos acá? No puede ser posible, central”.
Por la crítica situación, Cabal se fue con toda en contra del gobierno de Gustavo Petro. “Es indignante ver cómo el gobierno de Petro les corre a los terroristas y les garantiza impunidad, mientras abandona a los hombres de la Policía Nacional secuestrados en San Vicente del Caguán. ¿Estás vidas que claman ayuda no valen?”, manifestó.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que en este momento está saliendo una comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares para atender la situación en Caquetá. “He ordenado detener los hechos de violencia”, sostuvo.
Oficialmente, la Policía reportó la muerte de un uniformado, identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, por herida con arma blanca mientras realizaba labores de contención en las instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy. También se han registrado varios heridos, entre ellos, uno de los manifestantes.
Las confrontaciones habrían iniciado a las 3:00 a. m. de este jueves 2 de marzo, al parecer, porque Emerald Energy iba a cerrar.
Por ello, los manifestantes ingresaron a quemar las instalaciones de la empresa para exigir dinero, supuestamente, para la comunidad, y el no cierre de la compañía. Otra de las exigencias es la pavimentación de 42 kilómetros de la vía.
“A las 3:00 a. m. inició el ingreso de unos hombres de la Guardia Campesina a la zona donde la empresa Emerald Energy realiza explotación de petróleo. Hay varios policías secuestrados, heridos y uno muerto confirmado hasta el momento. Nos preocupa esta situación porque es algo que se viene dando desde noviembre (2022) y el Gobierno nacional ha realizado dos visitas sin llegar a una solución”, sostuvo la Secretaría de Gobierno de Caquetá.
Entretanto, Julián Perdomo, alcalde de San Vicente del Caguán, dijo que pide la presencia del Gobierno nacional. “Necesitamos una intervención urgente en esta zona del Caquetá”, solicitó.
Al sitio fue desplazado el director de servicio de seguridad de la Policía, el general Tito Castellanos, para ponerse al frente de la situación.
La información que han entregado de manera preliminar las autoridades es que al menos 800 campesinos se encuentran en el sitio enfrentándose con el Esmad, ahora conocido como unidad de diálogo.
Recordemos que, de acuerdo con los lineamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro, la nueva unidad de diálogo, el Esmad, debía tolerar agresiones y solo podrá utilizar la fuerza en casos extremos: estas son las directrices del nuevo Gobierno.
Presidente Petro ordenó “detener la violencia”
Ante esta difícil situación de orden público, el presidente de la República Gustavo Petro anunció las primeras medidas ante ese panorama de violencia.
El mandatario colombiano, por medio de su cuenta de Twitter, ordenó que se detenga la violencia en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, de la misma manera dio directrices al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Fuerzas Militares de atender la crisis por medio de una comisión especial.
“En este momento está saliendo una comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y las Fuerzas Militares para atender la situación de Pozos en San Vicente del Caguán. He ordenado detener los hechos de violencia”, trinó Petro.
La postura del jefe de Estado, es a raíz de una terrible situación de orden público se presenta en Los Pozos, San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde enfrentamientos entre supuestos manifestantes y el Esmad dejan un muerto y varios heridos. Al parecer, la compañía petrolera Emerald Energy iba a cerrar, y esa circunstancia desencadenó la trifulca.
También se conoció que la hostil situación se viene gestando desde hace un mes. Al respecto, Julián Perdomo, alcalde de San Vicente del Caguán, dijo que pide la presencia del Gobierno nacional. “Necesitamos una intervención urgente en esta zona del Caquetá”, solicitó.
Se espera que en las próximas horas, las autoridades den un pronunciamiento oficial sobre la tensa situación.
Cabe recordar que a finales del año pasado, un estudio del Barómetro Petrolero, que mide las opiniones, preocupaciones y expectativas que tienen los habitantes de regiones productoras y no productoras de hidrocarburos, dejó en evidencia que las compañías van a disminuir sus operaciones en Colombia durante los próximos cinco años por el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en varias oportunidades ha manifestado estar en contra del desarrollo de esta industria.
Por primera vez, el porcentaje de empresas que piensa disminuir sus operaciones aumentó desde el 21 % en 2021 hasta el 37 % en 2022. Mientras que las expectativas de expandir las operaciones cayeron desde el 43 hasta 34 %. “Nunca, desde el año 2019, habíamos visto este nivel de pesimismo”, aseguró Jaime Arteaga, director general de la firma consultora Jaime Arteaga y Asociados.
Las principales razones que dan los directivos de las compañías para reducir sus operaciones son el cambio de gobierno (24 %), la falta de apoyo del Gobierno nacional (20 %), el rechazo de las comunidades a la industria petrolera en Colombia (16 %) y la falta de estabilidad jurídica (15 %), entre otras.
De parte del Gobierno nacional, los funcionarios encuestados consideran que el sector petrolero avanzará en los próximos años, principalmente, en vincularlo al proceso de transición energética y en cuanto al desempeño ambiental de las operaciones.
En cuanto a la estabilidad jurídica, son más los funcionarios que creen que se va a retroceder (26 %) que avanzar (24 %). Lo mismo pasa en cuanto a las reservas de petróleo y gas (23 contra 20 %) y la exploración de nuevos yacimientos (28 contra 16 %).
“Hay mucho pesimismo derivado del cambio y falta de apoyo del Gobierno y vemos que al interior del Estado hay preocupaciones de funcionarios del sector de hidrocarburos como la ANH, el Ministerio de Minas y Energía, el viceministerio de Energía y las autoridades ambientales”, dijo Jaime Arteaga.
Gobierno Petro no habría atendido alertas
SEMANA conoció varios documentos que fueron enviados hace pocos días al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al ministro del Interior, Alfonso Prada.
Y no solamente al Gobierno nacional. Hay una carta enviada al gobernador de Caquetá en la cual la Procuraduría señala que “tiene conocimiento que desde las 5:00 a. m., integrantes de la guardia campesina se encuentran en frente de las instalaciones de la empresa Emerald en el sector de los pozos, municipio de San Vicente del Caguán, y según fuentes oficiales pretenden impedir la entrada y salida de las personas que se encuentran en dichas instalaciones e incluso la entrada de víveres”. La carta tiene como fecha el 18 de febrero.
La Procuraduría, en dichas alertas, pidió que se hiciera un Consejo de Seguridad. “El Ministerio Público ha identificado que los líderes y voceros no perciben como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que nubla las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades. Respetuosamente, se pone de presente el presente asunto, a efectos de estudiar la posibilidad de intervenir desde el grupo trabajo de legalidad y convivencia, por medio de acciones tendientes a promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y procesos de diálogo orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad (...)”, concluye la misiva.
SEMANA conoció también un oficio, dirigido al alto comisionado, Danilo Rueda, con fecha del 20 de febrero, firmado por un defensor regional y por Kendy Marlowy Turnet, procuradora Regional de Instrucción en la que señala: “El Ministerio Publico del Departamento del Caquetá conoce la situación de conflictividad que se viene presentando en los pozos de San Vicente del Caguán, en la cual algunas comunidades organizadas vienen realizando exigencias para el cumplimiento de compromisos suscritos con la empresa Emerald Energy, llegando a situaciones de hecho como bloqueos en las instalaciones de la empresa petrolera, impidiendo la entrada y salida de los trabajadores”.
Y agrega la Procuraduría: “El 20 de febrero de 2023 se reunieron las entidades que conforman el Ministerio público en la Región para contextualizar la situación actual de la problemática suscitada en los pozos y trazar una hoja de ruta que oriente las actuaciones preventivas para responder asertiva y conjuntamente a esta situación Humanitaria. De esta reunión se tienen algunas situaciones que podrían alterar la situación actual, destacando el descontento generalizado en las comunidades por la presencia de personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y la presunta movilización de comunidades que se sumarán a esta protesta, agudizando esta situación humanitaria”.