El 11 de octubre del 2014, la cárcel La Picota en Bogotá se convirtió en un centro de recreación. Los presos del pabellón de alta seguridad, conocido como PAS B, vivieron uno de sus días más felices cuando un grupo vallenato alegró una tarde que fue amenizada con whisky incluido. El indiscutible protagonista de aquella fiesta fue Emilio Tapia, el polémico contratista que terminó tras las rejas como responsable de un multimillonario desfalco al erario de Bogotá, capítulo conocido como el ‘carrusel’ de la contratación’. Tras la revelación de SEMANA, Tapia fue trasladado a uno de los sitios más severos del sistema penitenciario: la cárcel de Cómbita (Boyacá). Pero pronto regresó a La Picota. En la Fiscalía aseguran que su traslado obedeció a la necesidad de tenerlo en Bogotá, dadas las constantes citaciones a las que debe acudir en diferentes procesos por el ‘carrusel’. Otro de los argumentos con el que Tapia consiguió su traslado fue la cercanía con su núcleo familiar. El excontratista fue confinado entonces en un cubículo de alta seguridad destinado a personas que están de paso y que por su perfil deben estar alejados del resto de la comunidad carcelaria. Hasta ahí no hubo mayor problema. Pero pronto, Tapia se fue acomodando nuevamente en PAS B, donde fue amo y señor durante el tiempo que permaneció allí. Con su llegada volvieron a ocurrir hechos irregulares. Así aparece consignado en un informe que llegó al despacho del director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez. El documento rotulado con el número 002536, fechado el pasado 23 de junio, da cuenta de que Tapia -como ocurrió una vez con el entonces senador Juan Carlos Martínez- usó su poder para adecuar una celda con los lujos a los que se acostumbró. En el escrito, el director del penal informa que en la mañana del 23 de junio la Unidad de Policía Judicial del penal recibió una comunicación radial por parte de la guardia del Pabellón PAS B donde aseguran requerir la presencia de funcionarios de esa dependencia. Dice el informe que, de inmediato, los dragoneantes Carlos Sánchez Uribe y John Navarro Hernández se desplazaron hasta el sitio donde fueron recibidos por dos internos (Semana.com se abstiene de revelar sus nombres por seguridad). Ellos informaron de presuntas anomalías en el patio. Los dos guardianes iban con una cámara para documentar la queja que involucraba algunos funcionarios de la propia cárcel, entre ellos el subdirector, el coronel retirado Miguel Ángel Mota Rodríguez. Las denuncias, básicamente, señalaban que Tapia seguía haciendo de las suyas. Y así lo comprobaron los guardianes. Al llegar a la celda identificada con el número 41, asignada al polémico contratista, encontraron a un dragoneante del Inpec realizando una serie de trabajos en la celda. Con él se encontraban adicionalmente dos internos de mínima seguridad, quienes estaban realizando labores “albañilería y construcción”. “Al interno Tapia además se le encontró herramienta y material para construcción”, detalla el informe. Durante el registro los funcionarios encontraron en otros lugares del mismo pabellón una nevera y un televisor que no estaban autorizados por la dirección y que inmediatamente incautaron. La celda se selló y Tapia fue reubicado en otra que comparte con otro recluso. “Es inconcebible que estas cosas sigan ocurriendo y no es muy claro por qué el señor Tapia sigue contando con este tipo de privilegios o quién acá lo puede estar protegiendo”, dijo a Semana.com un funcionario de la dirección general del Inpec. La indignación es comprensible, pues no se entiende cómo uno de los hombres que protagonizaron uno de los mayores escándalos en la historia reciente del país puede, sencillamente, remodelar a su antojo su sitio de reclusión y, como si fuera poco, emplear a personal de la misma guardia y a otros internos. Este caso se de una semana después de otro que causó sorpresa y malestar. Se trató, como lo reveló Semana.com, del irregular traslado al llamado pabellón VIP de la Picota que consiguieron cuatro de los principales responsables del multimillonario descalabro de Interbolsa.