Nadie encontraba una explicación. Los médicos no sabían por qué Ivonne Vargas de Ortega estaba cada vez más enferma. Lo que empezó como una tos que se podía confundir con una simple gripa, aumentó. Disfonía, vómito, taquicardia, dolor en los pulmones, dolor de cabeza, hiperventilación, mareo. ¿De dónde provenían estos malestares? Cuando se conoció en agosto de 2010 que había un derrame de gasolina de la estación Petrobras Mochuelo en el edificio Tenerife Real, al norte de Bogotá, se supo qué era lo que pasaba con Ivonne. Ese derrame era la prueba fehaciente de lo que tanto advirtieron los residentes. En los parqueaderos la gasolina emergía del cemento. Sus habitantes pasaron años bajo la contaminación de los hidrocarburos, pero solo en ese momento apareció el testimonio que tumbó cualquier argumento de la compañía Petrobras. Una prueba innegable. La gasolina inundó el tanque de agua del edificio. El mismo tanque de donde salía agua para beber y bañarse. No fueron pocos los que encontraron gasolina en el inodoro, en la ducha del baño y en la llave del agua de la cocina. Fue así como las 41 familias residentes decidieron interponer una acción de tutela y, al finalizar 2010, la firma Petrobras Colombia Combustibles S. A. tuvo que reubicarlos para descontaminar el edificio. “En septiembre de 2012 Petrobras dijo que el edificio estaba descontaminado y podíamos volver. Nosotros sabíamos que no era verdad. Entre todos pagamos una evaluación y los resultados arrojaron que el suelo aún estaba contaminado con benceno”, aseguró Ivonne. Esos resultados los presentaron a las Secretarías de Ambiente y de Salud, pero no pasó nada. Petrobras tenía la última palabra. La empresa se basó en un concepto técnico que emitió la Secretaría de Ambiente para decir que el edificio estaba descontaminado. Fue así como el juzgado levantó la orden de reubicación. Aunque más de la mitad de las familias siguen por fuera del edificio, otras -con menos recursos- tuvieron que volver y arriesgarse a seguir encima de una bomba de tiempo, tal como lo denunció SEMANA cuando advirtió que además de la estación Mochuelo, en Bogotá hay más de 50 bombas de gasolina que no cumplen con los requisitos ambientales o presentan fugas de combustible. Volver: la única alternativa Una de las afectadas es Leonor*. Tiene 67 años, vive con su esposo y su hijo. Todas las noches sentía un fuerte olor a gasolina, pero pensaba que estaban surtiendo la estación. Cuando se supo lo del derrame tuvo que salir de su vivienda y vivir en otro lugar por tres años. “Hubo mucho maltrato por parte de Petrobras. Decían que me tenía que devolver rápido al edificio porque no iban a seguir pagando el lugar donde vivía. Entonces, como no teníamos para pagar un arriendo, tocó volver”. Leonor aún no supera lo sucedido. Lo define como una “guerra psicológica muy traumática”. Su cuerpo también sufrió las consecuencias. Padeció bronquitis asmática y estuvo hospitalizada en la Clínica Reina Sofía en Bogotá. El médico le diagnosticó neumonitis y ahora no puede apartarse de su inhalador. María Lucía Pedraza, una mujer solitaria de 83 años, también tuvo que volver. Ya no tiene las fuerzas de una joven para moverse de un lado a otro. Después de vivir en su casa más de 20 años, prefirió residir en un apartahotel y tenerlo como hogar, para huir de las enfermedades. Cuando Petrobras dejó de pagarlo, tuvo que gastar sus ahorros –más de 40 millones de pesos- para poder mantenerse.   Su vida por fuera le duró hasta cuando resistió su bolsillo. “¿Cómo pelea uno esto? Estos desgraciados me destruyeron la vida. ¿A quién se le ocurre poner una bomba de gasolina al lado de un edificio de apartamentos? ¿A quién? ¿Dónde está la justicia?”, expresó indignada. Frente al regreso de los residentes, Petrobras le aseguró a Semana.com que “a raíz del levantamiento de la medida de reubicación temporal dada por el Juez de Tutela en septiembre de 2012 y ratificada en diciembre del mismo año, los residentes han venido regresando a sus apartamentos para lo cual Petrobras ha ofrecido el apoyo necesario”. Escapar del peligro Juan Manuel Vargas tiene 55 años. Vivía en el Tenerife Real con su esposa y sus dos hijos. “A mí me daban muchos dolores de cabeza. El médico dijo que me estaba afectando la contaminación y que debía alejarme del edificio. Mi hija no puede estar allá ni media hora porque se enferma”. Aunque los recursos no son muchos, Juan Manuel no quiere correr riesgos. “La inhalación constante de vapores de gasolina da cáncer, no sabemos cuánto tiempo estuvimos tomando el agua contaminada. Teníamos que salir de ahí, no podía arriesgar a mis hijos”. Él tiene una pelea cazada con Petrobras. Según dice, esta empresa le quiere quitar su apartamento. “Dicen que nosotros les debemos plata por daños y perjuicios”. El tiempo pasa e Ivonne sigue igual o peor. Ella tampoco volvió al edificio. Desde 2009 tiene una infección en las vías respiratorias y su tráquea se irrita cada vez que su olfato detecta un olor fuerte. Sus crisis respiratorias son tan graves que acude de manera inmediata a un centro de urgencias. Ya no puede salir a la calle ni estar sola un minuto. El médico le dijo que debía vivir en el campo. Sin embargo, esa no es la solución. Si Ivonne tiene una crisis al estar lejos de la ciudad, ella no alcanzaría a llegar a un centro médico. “Es como si la garganta se me cerrara poco a poco”. Su vida social es nula. Solía viajar a Estados Unidos, pero como ya no soporta la altura y no puede llevar un grupo de médicos dentro del avión, perdió su residencia legal. Está presa en su propio apartamento. Y eso no es todo. Le diagnosticaron hígado graso, el pulmón izquierdo no le funciona bien y los linfocitos están altos. Lo último es muy grave, pues aunque ya le hicieron una biopsia de médula ósea y descartaron una leucemia aguda, aún no se sabe qué enfermedad tiene en la sangre. Una clínica de Estados Unidos, la Houston Allergy and Asthma Clinic, diagnosticó a Ivonne en 2011 como una “paciente con enfermedad por continua exposición al vapor de gasolina”. “Petrobras dice que mis enfermedades no son su culpa y han buscado la manera de mostrar que no tienen nada que ver con lo que me pasó”, aseguró. Además de eso, afirma que la empresa le puso un neumólogo que le diagnosticó un simple reflujo. Un parte médico bastante absurdo, tanto así que una junta de neumólogos en Bogotá le recomendó buscar otro por su cuenta. Ivonne cree que su caso no tiene cura, o por lo menos no en Colombia. “Los médicos no han podido hacer nada conmigo. Ya no veo cómo recuperar mi salud. Lo peor es que esto va de mal en peor y no sé hasta cuándo pueda resistir”, contó. Recuperar el dinero invertido tampoco es posible. Nadie compraría un apartamento contaminado y ellos no venderían algo que pueda poner en riesgo la vida de otras personas. Los entes distritales no dan respuesta y se hacen los de la vista gorda. La estación Petrobras Mochuelo ya no existe. La compañía “autorizó la terminación anticipada del contrato de arriendo del lote donde estaba ubicada la EDS Mochuelo, lugar donde el dueño del predio definió destinarlo para un proyecto inmobiliario que contribuirá al desarrollo y valorización de la zona”, aseguró la empresa, que no se refirió a los casos puntuales de cada uno de los afectados. Lo que tiene más desconcertados a las familias del Tenerife Real, es que ahora esta multinacional, de origen brasileño, tiene una demanda contra varios de ellos por supuestos daños y perjuicios. Mientras, el edificio sigue ahí, como si nada. Al lado, donde quedaba la estación de gasolina, se preparan para edificar una nueva y gigantesca construcción. ¿No sería bueno que las autoridades competentes revisaran de nuevo las condiciones del suelo? ¿El terreno es apto para que lleguen nuevas personas a habitarlo? ¿Qué pasará con las familias del edificio Tenerife Real? ¿Cuándo se manifestarán los entes distritales y nacionales frente a esta situación? ¿Cómo van a responder por la vida de Ivonne y de las demás personas enfermas? Ojalá las respuestas lleguen pronto. *Nombre cambiado por petición de la fuente.