El “House of cards” en la carrera por la Procuraduría

Al mejor estilo de la serie ‘House of Cards‘, en el alto poder se juega una de las partidas de ajedrez más importantes en tiempos recientes. La elección del fiscal dejó ver la pugnacidad en el despliegue de fichas en el tablero, pero el pulso aún no ha terminado. En los próximos meses se elegirá procurador, defensor del Pueblo y al menos cinco magistrados de la Corte Constitucional. Esa recomposición en las más altas esferas del Estado se presenta en uno de los momentos más trascendentales que ha vivido Colombia, ad portas de votar el plebiscito para refrendar el proceso de paz y a poco tiempo de que el gobierno presente una reforma tributaria trascendental. Todas las fuerzas políticas quieren ganar esos espacios y, por eso, se anticipa que las peleas que se vienen dejarán mucho herido en la arena.Un síntoma muy diciente de esa garrotera sucedió esta semana en la carrera por la Procuraduría. Los conservadores consideran que esa silla es suya pues Alejandro Ordóñez pertenece a esas toldas. En la tarde del martes, los senadores de esa colectividad se reunieron en la casa del congresista Samy Merheg para enviarle al presidente lo que ellos llamaron su propia terna. Inmediatamente se hizo pública la noticia, el presidente del partido, David Barguil, rechazó la terna y aseguró que los azules respetan la autonomía de Santos para elegir a su candidato.La terna conservadora es, en cierto modo, una forma de los senadores para mostrar los dientes. Saben que aunque no cuenten con el apoyo de las directivas del partido, los que votan son ellos. Los nombres que eligieron tienen más peso en la Rama Judicial que en la política. Se trata de tres expresidentes de cada una de las altas cortes: Wilson Ruiz, de la Judicatura, Jaime Arrubla, de la Corte Suprema, y Enrique Gil, del Consejo de Estado. En las últimas semanas se había rumorado que Santos sí ternaría a un conservador, pero quien sonaba era Juan Hernández. Con la terna queda claro un mensaje: si Santos postula ese nombre –cercano al presidente–, ellos no lo considerarían como propio.Afuera del Palacio de Nariño la carrera está igual de dura. La terna para procurador se conforma con un candidato del presidente, uno del Consejo de Estado y otro de la Corte Suprema. En la Suprema la pelea tiene los mayores quilates. Hay, por el momento, dos candidatos fuertes: Humberto Sierra Porto y Jorge Fernando Perdomo. El primero, hasta ahora, cuenta con más posibilidades. El expresidente de la Corte Constitucional combina un enorme prestigio como jurista con una buena dosis de talento político. Su reciente papel como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dejó en una excelente posición para aspirar a liderar el Ministerio Público.El exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo también es un candidato fuerte. Paradójicamente, sus mayores ventajas pueden ser al mismo tiempo sus principales problemas. El penalista tiene una fuerte relación con la corte porque desde la Fiscalía trabajó en llave con ellos. Tanto, que se decía que si Santos lo hubiera ternado para reemplazar a su exjefe Eduardo Montealegre habría podido competir cabeza a cabeza con Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, la exclusión de su nombre de la terna dejó un profundo malestar que puede ponerle problemas a su aspiración. Las álgidas declaraciones de Montealegre contra el gobierno y algunas recientes decisiones del búnker que golpearon al proceso de paz le hicieron perder mucha fuerza a Perdomo. De todas formas, su aspiración tiene todavía un eco en la Corte Suprema.Por el lado del Consejo de Estado el camino está más despejado. Allí se dice que el candidato será el exministro de Justicia Fernando Carrillo. Su nombre, que tiene gran prestigio, ha sonado desde hace meses y su aspiración se concretó en el encuentro de los 25 años de la Constitución de 1991 en Rionegro (Antioquia). Si se llega a dar la situación de que él sea el candidato del Consejo de Estado y Perdomo el de la Corte Suprema, el gavirismo –cercano a ambos– tendría la difícil decisión de apoyar solo a alguno de los dos en el Congreso.La Corte Suprema y el Consejo de Estado acordaron realizar el proceso paralelamente. La fecha límite de inscripción de los candidatos será el 18 de agosto y se espera que semanas después cada uno elija su ganador. El proceso será lento porque como dice un magistrado “a ninguna corte le gusta perder”. Por eso, se anticipa que van a esperar la señal que mande el gobierno y a analizar cómo se mueven las mayorías en el Congreso.En el mundo del poder, la Procuraduría puede ser –después de la Fiscalía– el más preciado botín. La entidad tiene 4.200 empleados y un presupuesto de 450.000 millones de pesos. Alejandro Ordóñez demostró todo el poder que se podía ejercer desde esa silla. En los últimos años convirtió esa entidad en un organismo desde donde se ejercía la oposición más dura al gobierno y al proceso de paz. No solo polarizó en la política, sino también en las principales reflexiones de la sociedad como el aborto, la eutanasia, el consumo de drogas y los derechos de las parejas del mismo sexo.En la principal labor de la entidad, el control disciplinario, su gestión también dejó una profunda huella y cambió en varias oportunidades el espectro político. En una reciente entrevista, el propio Ordóñez relató que en su periodo había destituido a más de 1.500 alcaldes y 82 gobernadores. Si se tiene en cuenta que en el país hay 1.123 municipios y 32 departamentos, la cifra sorprende. En una nación con tanta corrupción e impunidad como Colombia, la gente aplaudió muchas de esas investigaciones, pero en otras (como la destitución del alcalde de Medellín Alonso Salazar) quedó claro que se ha utilizado con un evidente criterio político y se ha cometido todo tipo de excesos.Por cuenta de ese amplio margen de maniobra que tiene el procurador, las tres entidades quieren tener un candidato ganador. Hay un antecedente relevante para que ese deseo despierte tanta obsesión. Cuando Ordóñez hizo público que aspiraba a la reelección se daba por hecho que quien lo ternaría sería Juan Manuel Santos. Esa decisión se demoró y el procurador quiso adelantarse. La Corte Suprema lo eligió como candidato. Muchos dicen que ese fue el punto de quiebre en la animadversión que él siente por el gobierno. Nadie quiere repetir esa historia.En esta oportunidad hay elementos diferentes a la era de Ordóñez. El principal es que la reforma de equilibrio de poderes eliminó la posibilidad de reelección. Como sostiene Dejusticia, para poder asegurar un segundo periodo el hoy procurador nombró familiares de magistrados y congresistas que participaban en ese proceso. Por cuenta de esto, la organización demandó su reelección. El caso lleva casi tres años en el Consejo de Estado. Se ha enredado en todo tipo de vericuetos judiciales en recusaciones y otros trámites. Por otro lado, ha implicado las más duras divisiones y la mayor pérdida de prestigio de esa alta corte en años recientes. A estas alturas, nada asegura que el caso se resuelva pronto. Y en últimas, a cinco meses de que Ordóñez termine su periodo, un fallo adverso podría encrispar el ambiente político y sería ante todo simbólico.Las próximas semanas serán decisivas en la carrera por la Procuraduría pues, como se cierran las inscripciones, todos tendrán que mostrar sus cartas. La designación de los ternados implicará ajustes de la más alta filigrana en las tres ramas del poder. Muchos dicen que la división de los conservadores dejó libre al presidente incluso de nombrar a alguien de otro partido. A estas alturas del juego, cualquier cosa puede pasar.